RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO .- La Comisión de Revisión de la Ley 16-26 aprobó el protocolo que permitirá iniciar el proceso de pago de las deudas del Estado con contratistas que cumplan los requisitos establecidos. Además, la medida define los procedimientos para revisar y tramitar las reclamaciones pendientes.
La primera sesión de trabajo de la comisión se realizó en Santo Domingo. Durante el encuentro, los integrantes aprobaron las reglas operativas que guiarán la aplicación de la normativa.
El protocolo establece criterios, requisitos técnicos y pasos administrativos para evaluar los expedientes. Asimismo, busca garantizar transparencia, agilidad y seguridad jurídica durante todo el proceso.
Comisión define reglas para revisar expedientes
La comisión creada por la Ley 16-26 está encabezada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. Además, la integran el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot; y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Según informó el organismo, el protocolo será de conocimiento público. Por ello, permitirá que contratistas, instituciones y veedores conozcan las normas que regirán la revisión de los casos.
Asimismo, la comisión dispuso remitir el documento a los órganos de supervisión y a las entidades involucradas. En consecuencia, se busca fortalecer la rendición de cuentas y el control del proceso.
Priorizarán expedientes pendientes de revisión
La comisión indicó que uno de sus principales objetivos es agilizar el inicio de los pagos correspondientes. Además, señaló que dará prioridad a los expedientes que ya estaban en proceso de revisión por la Contraloría General de la República al momento de entrar en vigencia la ley.
Por otra parte, el organismo aseguró que comenzará a trabajar junto a las instituciones participantes y los representantes de la sociedad civil que actuarán como veedores.
La Ley 16-26 contempla el pago de reclamaciones de contratistas del Estado por obras ejecutadas con o sin contrato formal. Asimismo, incluye proyectos realizados para entidades como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Inapa, Indrhi, CASSD y la antigua OISOE.
Finalmente, la comisión afirmó que la aplicación de esta normativa busca cumplir con las obligaciones pendientes del Estado. Además, pretendemos fortalecer la confianza ciudadana en los procesos administrativos públicos.
