RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.-La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) denunció este lunes graves irregularidades en el proceso de licitación convocado por el Fideicomiso VBC RD para la construcción y operación de la red de telecomunicaciones en el proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch (CJB).
En un comunicado publicado, las empresas Altice, Claro, Wind Telecom, Onemax, Phoenix Tower International y Teletorres del Caribe S.A.S. expresaron preocupación por un modelo de gestión que, según afirman, vulnera principios legales, técnicos y de competencia al otorgar el control total de la red a un solo operador.
Comtec señaló que este esquema limita la libre competencia, la neutralidad tecnológica y la coexistencia de redes, además de elevar innecesariamente los costos para los usuarios.
Desde 2019, las empresas del sector enfrentan restricciones para desplegar infraestructura en Ciudad Juan Bosch, pese a haber invertido y ofrecido servicios a más de 7,000 hogares. Según la asociación, esta situación ha favorecido la entrada de operadores informales y servicios no autorizados, en perjuicio de los residentes.
La organización advirtió que la licitación impone pagos mensuales de hasta 12 dólares por usuario, lo que calificó como un encarecimiento artificial del servicio, en violación de la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98, y perjudicial para los sectores de bajos ingresos.
Desde el punto de vista técnico, Comtec criticó la falta de redundancia en el diseño de la red y alertó que la eliminación de la relación directa entre proveedor y cliente final afectaría la calidad del servicio, la atención a reclamos y la supervisión por parte del Indotel.
Como alternativa, la asociación propuso implementar un modelo de infraestructura pasiva compartida, con acceso equitativo, marco legal transparente y aplicación rigurosa de la legislación vigente.
Comtec hizo un llamado al Fideicomiso VBC RD, a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a las autoridades correspondientes a revisar el proceso y garantizar que las políticas públicas en conectividad respondan a criterios técnicos, legales y de competencia.
