RDÉ DIGITAL, MADRID.- El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, ha sido condenado a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por corrupción y delitos fiscales, según anunció este viernes un tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid. Además, la sentencia impone a Rato una multa superior a dos millones de euros y la obligación de abonar a la Hacienda Pública la cantidad de 568.413 euros, relacionados con los delitos fiscales cometidos.
El tribunal ha reconocido dilaciones indebidas en el proceso judicial, que se ha extendido durante más de nueve años, lo que ha llevado a una reducción de la pena en el delito de corrupción entre particulares. Sin embargo, fuentes jurídicas indican que Rato no ingresará en prisión de manera inmediata, dado que ninguno de los delitos supera los dos años de condena individualmente y los hechos ocurrieron antes de la reforma penal de 2015. La sentencia podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que podría retrasar aún más su ejecución.
Otros condenados y absoluciones
El proceso judicial también ha afectado a otros implicados. Domingo Plazas Ruiz, administrador de Kradonara, una sociedad utilizada por Rato para repatriar dinero a España, ha sido condenado a 18 meses de prisión y multas superiores a 155.000 euros. Por su parte, Alberto Portuondo Coll, vinculado al delito de corrupción entre particulares junto a Rato, ha recibido una pena de tres meses y un día de prisión, además de una multa equivalente a la mitad de la comisión ilícitamente obtenida, que ascendía a más de dos millones de euros.
En cuanto a las absoluciones, el tribunal ha exonerado de responsabilidad a varios de los acusados, entre ellos Santiago Alarcó y Ramiro Sánchez de Lerín, quienes enfrentaban cargos relacionados con blanqueo de capitales y contratos fraudulentos. Además, personas y entidades vinculadas a las empresas Publicis, Zenith y Plazas Abogados también han sido eximidas de responsabilidad, al no encontrarse pruebas suficientes de su implicación en los delitos.
La sentencia, que abarca más de 1.200 folios, pone fin a este largo proceso judicial, aunque la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo deja en suspenso su ejecución definitiva.
