RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Congreso Nacional evalúa cuatro proyectos legislativos para modificar la Ley 176-07, sobre el Distrito Nacional y los municipios, con el objetivo de definir el proceso de sustitución de alcaldes y vicealcaldes. La iniciativa, impulsada por legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) María Mercedes Ortiz, Cristóbal Venerado Castillo y Dharuelly D’ Aza, busca que los partidos políticos propongan los candidatos para ocupar estos cargos en caso de vacantes.
Los proyectos coinciden en establecer que, ante una renuncia de un alcalde, el partido al que pertenece deberá presentar una terna en un plazo específico para que el Concejo Municipal elija al nuevo titular. En caso de que el partido no cumpla con el plazo, el presidente del Concejo podría proponer candidatos.
La senadora María Mercedes Ortiz, autora de uno de los proyectos, propone una normativa que asegure la presentación de una terna en un plazo de 30 días, permitiendo así un proceso ordenado para cubrir las vacantes municipales. Esta medida pretende resolver el vacío legal en casos de renuncias de alcaldes, como el ocurrido recientemente en La Vega, donde el alcalde electo Kelvin Cruz dejó el cargo para asumir como ministro de Deportes, y la vicealcaldesa también presentó su renuncia.
Los otros proyectos, depositados por Castillo y D’ Aza, establecen el mismo mecanismo, aunque varían en los plazos para la presentación de las ternas. Estas propuestas imitan el proceso legislativo utilizado en el Congreso para suplir las vacantes de los legisladores, permitiendo a los partidos políticos proponer a los sustitutos.
Comisiones y viabilidad constitucional
Las cuatro iniciativas están bajo estudio de diferentes comisiones del Congreso, en espera de un informe que facilite su aprobación. La última reforma constitucional, promulgada el 27 de octubre, establece que las vacantes en alcaldías deben regirse por la Ley 176-07, pero esta norma carece de claridad en el proceso de sustitución y fue modificada parcialmente con la Constitución de 2010.
Aunque estas reformas no podrán aplicarse de forma retroactiva, lo cual limita su implementación en casos ya ocurridos como el de La Vega, se espera que su eventual aprobación establezca un marco legal que evite problemas futuros en la sucesión de autoridades municipales.
