El Senado aprobó el proyecto el pasado 21 de octubre. Sin embargo, todavía falta la decisión de la Cámara de Diputados. Los legisladores tienen una sesión convocada para este martes 3 de noviembre, en San Cristóbal.
Si los diputados aprueban la propuesta sin cambios, el documento pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. En cambio, si introducen modificaciones, deberá regresar al Senado.
La Cámara Alta tiene prevista otra sesión para el miércoles 4 de noviembre. Por tanto, el Congreso dispone de pocos días para completar el trámite legislativo.
La modificación debe entrar en vigor antes del jueves 5. De lo contrario, comenzaría a aplicarse el calendario establecido en la legislación vigente.
¿Qué establece la ley?
La Ley 74-25, modificada por la Ley 44-26, establece la responsabilidad penal de las empresas por determinados delitos cometidos dentro de sus organizaciones.
El artículo 8 contempla esa responsabilidad cuando una infracción se comete en representación de una empresa. Además, debe existir una relación con el incumplimiento de sus deberes de dirección, control o supervisión.
La legislación permite procesar tanto a la persona responsable del delito como a la empresa. Sin embargo, deben cumplirse las condiciones previstas en el Código Penal.
Entre las sanciones figuran multas de 100 a 1.500 salarios mínimos del sector público para las infracciones muy graves. Asimismo, las faltas graves pueden recibir multas de 50 a 500 salarios mínimos.
El régimen también contempla el cierre temporal o definitivo de establecimientos. Además, incluye la revocación de licencias, la inhabilitación para contratar con el Estado y la disolución de empresas.
Estas medidas requieren una determinación judicial de responsabilidad penal.
Empresarios piden más tiempo
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) solicitaron al Congreso que aprobara la prórroga.
Ambas organizaciones consideran insuficientes los tres meses concedidos inicialmente. Por consiguiente, reclaman dos años adicionales para adaptar sus estructuras a las nuevas obligaciones.
ANJE advierte que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores dificultades. Esto se debe a los costos de implementar programas de cumplimiento y contratar personal especializado.
Por su parte, el Conep considera necesario preparar al sistema judicial. También plantea establecer criterios claros para aplicar las nuevas disposiciones.
Adaptación empresarial
La legislación exige mecanismos para prevenir delitos, supervisar operaciones y detectar irregularidades. Sin embargo, los empresarios sostienen que implementar esos controles requiere inversiones y capacitación.
Además, advierten sobre la incertidumbre jurídica que podría generar la falta de criterios uniformes. Por esa razón, consideran necesario contar con reglas claras antes de la entrada en vigor del régimen.
La propuesta legislativa no elimina la responsabilidad penal de las empresas. Únicamente plantea aplazar su aplicación general hasta noviembre de 2028.
