RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.– La Contraloría General de la República (CGR) inspeccionó 337 inmuebles vinculados a alquileres y arrendamientos públicos entre marzo y agosto de 2026.
De ese total, 328 inmuebles recibieron autorización de no objeción. El proceso incluyó contratos por más de RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones.
La fiscalización técnica es obligatoria para los alquileres y arrendamientos de instituciones estatales. Además, busca verificar las condiciones de los inmuebles antes de asumir o renovar compromisos.
351 solicitudes de inspección
Durante el período analizado, la Contraloría recibió 351 solicitudes. De estas, 337 habían sido evaluadas al cierre del reporte.
Las 14 solicitudes restantes permanecían pendientes o programadas. Por otro lado, los inmuebles revisados corresponden principalmente a oficinas, almacenes y estacionamientos.
También fueron inspeccionados centros educativos privados. Estos espacios son alquilados para impartir docencia a estudiantes de escuelas públicas.
Una parte importante de las solicitudes estuvo relacionada con renovaciones de contratos existentes. Asimismo, la Contraloría verificó nuevos requerimientos de alquiler.
El Departamento de Ingeniería y Arquitectura evaluó 243 inmuebles. De esa cantidad, autorizó 236 mediante no objeción.
Mientras tanto, la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental revisó 94 inmuebles. De estos, 92 recibieron autorización.
Gran Santo Domingo concentra mayores montos
Las inspecciones abarcaron diferentes provincias del país. Sin embargo, los mayores montos contratados se concentraron en el Gran Santo Domingo.
El proceso también llegó a Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata y Barahona. Además, incluyó inmuebles en Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná.
El Ministerio de la Mujer registró una de las mayores cantidades de solicitudes. La institución presentó 56 requerimientos, principalmente para casas de acogida y oficinas.
Al cierre del período, la Contraloría había realizado 39 de esas inspecciones.
Control previo a los alquileres estatales
El contralor general, Geraldo Espinosa, explicó que las inspecciones buscan comprobar las condiciones de cada inmueble.
Según Espinosa, el Estado debe verificar que cada espacio responda a una necesidad real. Asimismo, debe comprobar que reúna las características necesarias antes de contratarlo.
Por lo tanto, la fiscalización busca detectar posibles inconsistencias antes de comprometer recursos públicos.
La medida también pretende fortalecer el control sobre los bienes del Estado. Además, busca que la revisión técnica no sea únicamente un requisito administrativo.
La fiscalización de los alquileres y arrendamientos estatales es obligatoria desde el 1 de marzo de 2026. Esta disposición forma parte del control previo aplicado a este tipo de contrataciones.
