RDÉ DIGITAL, WASHINGTON. – Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la suspensión de la construcción en superficie del nuevo salón de baile de la Casa Blanca impulsado por el presidente Donald Trump. La obra, valorada en unos US$400 millones, quedó detenida por una orden judicial.
Sin embargo, la corte dejó la decisión en pausa durante 14 días. De esta manera, la administración Trump tendrá tiempo para acudir ante la Corte Suprema y solicitar una revisión del caso.
La decisión fue aprobada por dos votos contra uno. Además, mantiene una medida cautelar presentada por el National Trust for Historic Preservation, organización que cuestionó el inicio del proyecto.
Disputa por la autorización de la obra
El conflicto surgió luego de la demolición del Ala Este de la Casa Blanca y el comienzo de los trabajos para construir el nuevo espacio. Según la demanda, la administración no obtuvo la autorización correspondiente del Congreso.
El proyecto contempla un salón de aproximadamente 8.360 metros cuadrados. Asimismo, documentos judiciales citados por Reuters indican que el costo estimado aumentó hasta los US$400 millones, una cifra superior a las proyecciones iniciales.
Los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia cuestionaron la autoridad presidencial para ejecutar una transformación de esa magnitud en la residencia ejecutiva.
“Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”, señalaron los magistrados en su opinión.
Trump busca llevar el caso a la Corte Suprema
La administración Trump ha defendido la construcción del salón de baile. Según sus argumentos, el nuevo espacio permitiría realizar grandes eventos oficiales y mejorar la seguridad de la residencia presidencial.
No obstante, el fallo ratificó dos bloqueos anteriores emitidos por el juez federal Richard Leon. El magistrado había permitido algunas obras subterráneas, pero prohibió continuar con los trabajos visibles en superficie.
Leon, designado durante el gobierno de George W. Bush, sostuvo que la legislación federal no concede claramente al presidente la facultad de realizar esa construcción sin aprobación del Congreso.
Ahora, la administración Trump cuenta con un plazo de 14 días para solicitar la intervención de la Corte Suprema. En consecuencia, el máximo tribunal podría definir si revisa el alcance de la autoridad presidencial sobre modificaciones en el complejo de la Casa Blanca.
