RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– Las conversaciones sobre la reforma al Código Laboral se reanudarán este mes de enero tras ser aplazadas en busca de un mayor consenso entre los sectores involucrados. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó la necesidad de abordar aspectos más amplios, como las condiciones salariales, la formación dual y la inserción laboral, además del tema de la cesantía.
“Hay que considerar otros aspectos de la parte laboral. “El Código abarca más que la cesantía, incluyendo temas fundamentales como la formación e inserción de los trabajadores”, expresó Ulloa durante un encuentro con la nueva directiva del Colegio de Notarios.
El defensor se mostró optimista sobre el progreso de las conversaciones y confía en que se logre un acuerdo que beneficie tanto al sector sindical como al empleador. Ulloa había solicitado posponer el debate hasta enero, argumentando que la época navideña ofrecía un espacio propicio para la reflexión y el diálogo.
Mora judicial: críticas y propuestas
En relación con la mora judicial, Ulloa resaltó avances en la Suprema Corte de Justicia, pero criticó las deficiencias en los tribunales que atienden a la ciudadanía común, señalando que los privilegios siguen dominando en el acceso a la justicia. Subrayó la necesidad de mejoras en la infraestructura judicial, las condiciones laborales y los salarios de los empleados del sector.
“Es esencial implementar tecnología para agilizar y dar eficiencia al trabajo con los expedientes, garantizando además que las víctimas y testigos cuenten con las condiciones necesarias para acudir a los tribunales. “No podemos permitir que los expedientes se caigan y los delincuentes eludan el peso de la ley”, afirmó.
Ulloa valoró los esfuerzos de la Suprema Corte para reducir la mora judicial y alentó a continuar con el trabajo conjunto entre las instituciones del sector.
Críticas al uso de la fuerza policial
El Defensor del Pueblo también criticó los llamados “intercambios de disparos” reportados por la Policía Nacional. Ulloa cuestionó la falta de transparencia en estos casos, señalando que los procedimientos deben ajustarse estrictamente al manual de uso de la fuerza.
“Debemos ser críticos con estos procedimientos, porque podrían afectarnos a cualquiera de nosotros. “La Policía no está por encima de los derechos de ningún ciudadano”, advirtió Ulloa, mencionando los casos ocurridos en Altamira, Haina, La Altagracia y Monte Plata.
Pidió al jefe de la Policía Nacional un informe detallado sobre estos incidentes y abogó por sanciones para los oficiales que hagan un uso inadecuado de la fuerza. Además, instó a los medios de comunicación a desempeñar un rol activo en la supervisión de estas actuaciones.
“Los delincuentes deben enfrentar el peso de la ley, pero esto no justifica el uso excesivo de la violencia por parte de las autoridades”, concluyó Ulloa.
