RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo celebró el simposio “Adicción y Estado: salud mental, comunidad y respuesta pública en República Dominicana”, un espacio de análisis orientado a examinar los desafíos que plantean las adicciones y los trastornos de salud mental, así como a identificar alternativas para fortalecer la respuesta institucional ante estas problemáticas.
La actividad reunió representantes de organismos públicos, profesionales de la salud, académicos y miembros de organizaciones comunitarias, quienes intercambiaron perspectivas sobre prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas afectadas por el consumo problemático de sustancias y otras condiciones vinculadas a la salud mental.
Durante la apertura del evento, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, destacó la importancia de abordar estos temas desde una perspectiva basada en derechos humanos, la evidencia científica y la responsabilidad de las instituciones públicas.
Ulloa recordó que una investigación desarrollada por la entidad, titulada “Mentes sanas y políticas enfermas”, identificó limitaciones en la cobertura y disponibilidad de los servicios de salud mental en el país, por lo que consideró necesario impulsar mejoras en la atención y el acceso a estos servicios.
Entre las propuestas presentadas durante el encuentro figura la creación de una mesa nacional de seguimiento enfocada en salud mental, adicciones y derechos fundamentales, así como el establecimiento de mecanismos de supervisión para centros de tratamiento y programas de rehabilitación.
También planteó la necesidad de fortalecer los protocolos de atención bajo un enfoque de derechos humanos y de remitir a las autoridades competentes cualquier información relacionada con posibles vulneraciones de derechos, incluyendo casos de privación ilegal de libertad, maltrato o prestación irregular de servicios de salud.
Durante su intervención, Ulloa señaló que las adicciones y los problemas de salud mental deben ser considerados no solo desde una óptica sanitaria, sino también como asuntos vinculados a protección de derechos fundamentales.
