RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El profesor Enrique de León, miembro de la comisión que revisó la Ley General de Educación, 66-97, cuestionó el proyecto de ley que propone la fusión del Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). Según de León, la iniciativa viola el consenso alcanzado tras un año y medio de trabajo exhaustivo, que abordó temas clave como el financiamiento de la educación preuniversitaria y la estructura de las juntas educativas.
De León argumentó que el proyecto modifica y omite puntos fundamentales del acuerdo, especialmente en áreas como el financiamiento de la educación preuniversitaria, la composición del Consejo Nacional de Educación (CNE), el carácter descentralizado de algunas entidades adscritas al MINERD, y las condiciones de jubilación y pensión de los docentes. Además, señaló que el proyecto introduce cambios en la conformación de las juntas regionales y distritales de educación, los cuales no fueron discutidos ni acordados en la comisión.
Aunque el proyecto recoge otros aspectos del consenso, de León destacó que los cambios en estos puntos cruciales desvirtúan el esfuerzo realizado por la comisión y dificultan cualquier acuerdo con el magisterio nacional. Subrayó que, al firmar el consenso en nombre de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), asumió el compromiso de defender íntegramente los acuerdos alcanzados.
En cuanto al financiamiento de la educación preuniversitaria, de León recalcó que el artículo 60 del proyecto de fusión omite el aumento progresivo del financiamiento, que debe alcanzar al menos un 6% del PIB para el 2030, como se había acordado en el proyecto de la Ley Orgánica de Educación. Este compromiso también está respaldado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12, que establece aumentos progresivos en el gasto público destinado a la educación.
Por otro lado, el proyecto de ley de fusión agrega nuevos miembros al Consejo Nacional de Educación (CNE), como representantes de ONGs y profesionales independientes, algo que no formaba parte del acuerdo original. Además, los artículos 122 y 124 de la propuesta incluyen representantes de las iglesias en las Juntas Regionales y Distritales de Educación, lo que también contradice lo pactado en el consenso de la comisión.
De León expresó su preocupación por los posibles efectos de estos cambios en los avances logrados en el sector educativo y reiteró la necesidad de proteger los logros obtenidos por el magisterio.
