RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- ¿Reforma fiscal, seguir el modelo de endeudamiento o austeridad, para bajar gastos? Son las tres principales opciones que se plantean como opciones. Entre empresarios y economistas hay expectativas en torno a una posible modificación al sistema impositivo. Siempre que se plantea la posibilidad de una reforma fiscal surge el temor de que afecte las proyecciones de crecimiento económico.
Todas las grandes reformas fiscales que se han hecho, excepto la que produjo el Código Tributario (ley 11-92) han sido aprobadas en el primer año de gestión del Gobierno que la ha planteado. La última, la que se aprobó con la ley 253-12, fue hecha por el Gobierno del período 2012-2016, y promulgada el 9 de noviembre del 2012, a menos de tres meses de iniciada la gestión que la aplicó.
De acuerdo al periodista Héctor Linares, editor económico de El Caribe, en un artículo publicado este jueves, señala que como casi siempre una reforma fiscal implica crear impuestos o aumentar tasas de los existentes, los gobiernos usualmente le tienen temor al costo político.
Afirma que de ahí que, por experiencias de iniciativas pasadas, se cree que, si para el futuro inmediato se harán cambios impositivos, los proyectos deberán ser presentados este año, a partir del inicio del período 2024-2028, que comienza el 16 de agosto próximo.
La gestión gubernamental actual exploró la posibilidad de hacer reformas o cambios fiscales, pero desistió tras críticas porque el momento coincidía con la crisis generada por el covid 19 o con el período de recuperación.
Sin embargo, no fue una renuncia para siempre. El presidente de la República ha planteado que a partir del año 2024 se necesita hacer una reforma fiscal.
Hasta entonces, sin embargo, la opción de las autoridades ha sido aplicar medidas administrativas en procura de hacer más eficiente la recaudación, para aumentar la cobranza de las figuras impositivas que existen.
“La Administración Tributaria, desde septiembre de 2020 hasta 2023, ha logrado cumplir con las metas tributarias sin realizar cambios estructurales del sistema impositivo ni la ejecución de medidas de política pendientes de aplicación de la Ley núm. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha 9 de noviembre del 2012”, planteó el Ministerio de Hacienda en el informe explicativo del proyecto de Presupuesto General del Estado 2024.
Destaca que “para el año 2024, se cuenta con un grupo de normas administrativas que, aún promulgando en el año 2022 y 2023, tendrán efecto decisivo en el ejercicio fiscal del PGE 2024 para la sostenibilidad de los recursos y cumplir con las obligaciones internas y externas.
Perspectivas
El escenario presupuestal para el 2025 proyecta incertidumbre, por entenderse que ya es impostergable un cambio de modelo presupuestal.
Entre quienes opinan que el modelo de diseño del Presupuesto General del Estado que se viene aplicando desde hace más de una década ya es insostenible, figura Antonio Ciriaco, economista.
Ciriaco, decano de la facultad de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), opina que el Gobierno que asuma en agosto tendrá que plantearse una reforma tributaria.
Organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), han enfatizado en sus periódicos informes sobre la economía dominicana la conveniencia de hacer reformas económicas estructurales que conduzcan a la sostenibilidad fiscal.
Una de las áreas que identifican los organismos internacionales como susceptibles de tocar un cambio de las reglas impositivos es el de los incentivos fiscales que existen en el país, los cuales constituyen el llamado “gasto tributario”, monto de ingresos que el fisco no recibe debido a exoneraciones y exenciones que establecen leyes especiales. El monto global de ese “gasto tributario” equivale a alrededor del 4 % del producto interno bruto (PIB).
En el sector empresarial hay en cierne una corriente que cree que la opción es mejorar el gasto público, y hasta han puesto como ejemplo el caso revelado por el Ministerio de Educación, de que durante el pasado año 2023 no ejecutó el 100 % de su asignación, con unos RD$8,000 millones inaplicados.
Pero se contrapone a la idea del ahorro presupuestal el aspecto de la magnitud del gasto economizado para que pueda ser una opción que sustituya una reforma fiscal, la cual tampoco está muy claro si pueda plantearse de la magnitud que se requeriría para retomar el modelo presupuestal de equilibrio.
Asumiendo los últimos PGE, estructurados con un déficit promedio cercano al 3 % del PIB, plantear una reforma fiscal con un aporte de esa magnitud sería de difícil aplicación, toda vez que en el país no ha habido al menos en el siglo actual, una reforma con un rendimiento de esa naturaleza.
La del 2012, fue propuesta originalmente para aportar un 2.2 % del PIB. Esa propuesta tenía figuras impositivas que entraban en forma diferida y otras que fueron modificadas casi desde su aprobación, como el comercio electrónico y las transferencias del 3 % del Confotur que ya había permitido, pero que se amplió por 20 años más.
También quedó sin aplicación el impuesto del 1 % de circulación vehicular, que está vigente pero que cada año en el PGE se pide dispensa para poner su aplicación en suspenso.
Las posposiciones y modificaciones terminaron en generar un rendimiento de la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, en torno a un 1 % del PIB.
El economista Magín Diaz, en un artículo reciente titulado La reforma fiscal y su laberinto, expuso los argumentos de quienes favorecen una reforma fiscal y de quienes se oponen.
El ex director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) hasta el término del segundo gobierno del expresidente Danilo Medina, señaló que la lista de argumentos a favor o en contra puede continuar.
En dicho artículo, Díaz, que estuvo al frente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) hasta agosto del 2020, expuso los argumentos de quienes favorecen una reforma fiscal y de quienes se oponen.
Dijo que solo ha proporcionado un resumen de los puntos más relevantes, pero que es interesante notar que los argumentos presentados a favor o en contra utilizan los mismos puntos de partida, y llegan a conclusiones distintas.
“Esta dualidad refleja la complejidad y las diferentes perspectivas en el debate sobre la reforma tributaria”, planteó el exfuncionario gubernamental en su artículo.
Resaltó que la pregunta que surge es: ¿Cómo equilibrar estas visiones contrapuestas para encontrar un camino que beneficie al país en su conjunto? La respuesta requiere un análisis cuidadoso y un enfoque prudente que considere tanto las necesidades fiscales del gobierno como el impacto en el crecimiento económico y el bienestar social.
