RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados aprobó este martes, en segunda discusión, varias modificaciones a la Ley 138-11, que rige el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Estos cambios buscan establecer un nuevo proceso para escoger y evaluar al Procurador General de la República, en consonancia con la Constitución proclamada en octubre.
El proyecto de ley establece que el procurador será propuesto por el presidente de la República, pero su selección final recaerá en el CNM, presidido por el mandatario. Este nuevo enfoque elimina la designación directa por parte del presidente, un método utilizado hasta la fecha.
Evaluaciones periódicas y composición del CNM
La normativa indica que el procurador, junto con un equipo de procuradores adjuntos, será inamovible por dos años. Al término de este período, el CNM evaluará su desempeño y decidirá si lo ratifica o lo remueve del cargo.
Con esta reforma, el CNM también sufrirá modificaciones en su composición. El procurador general ya no será parte del consejo y, en su lugar, se incluirá al presidente del Tribunal Constitucional.
Miriam Germán Brito y el contexto actual
Actualmente, la Procuraduría General está a cargo de Miriam Germán Brito, quien expresó su disposición de dejar el cargo desde agosto, pero se ha mantenido en la posición a la espera de la nueva legislación.
El propósito principal de esta reforma es desvincular al Poder Ejecutivo de la designación directa del procurador, promoviendo mayor independencia y fortaleciendo los mecanismos institucionales de evaluación.
Próximos pasos
Tras su aprobación en ambas cámaras del Congreso, el proyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y ejecución.
El Consejo Nacional de la Magistratura, además de designar y evaluar al Procurador General y sus adjuntos, tiene la responsabilidad de seleccionar a los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, así como de realizar evaluaciones periódicas de su desempeño.
Con esta reforma, se avanza en el cumplimiento de los proyectos mandatados por la nueva Constitución, que busca consolidar la institucionalidad y garantizar procesos más transparentes en la administración de justicia.
