RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una normativa que busca fortalecer el marco regulatorio para enfrentar de manera más efectiva el problema de la basura en República Dominicana.
La pieza legislativa, que ahora regresará al Senado para su revisión final, introduce ajustes significativos a una ley vigente desde hace cinco años, en respuesta a los desafíos persistentes en la recolección, tratamiento y disposición final de residuos.
Cambios clave en la Ley de Residuos
Entre las modificaciones aprobadas destaca la regulación de materiales como el foam, que deberá mostrar una biodegradación de al menos un 20 % en el primer año y alcanzar un 90 % en cinco años.
Los fabricantes e importadores estarán obligados a demostrar este proceso mediante certificaciones y auditorías anuales, bajo la supervisión de la Dirección General de Aduanas (DGA).
La ley también establece nuevos criterios territoriales: solo se permitirá un vertedero por provincia y una planta procesadora cada diez regiones, con excepción del Gran Santo Domingo, donde se permitirá más de una, debido a su densidad poblacional.
Otro aspecto relevante es la inclusión obligatoria del reciclaje por parte de los fabricantes de cemento, quienes deberán incorporar residuos sólidos nacionales como combustible alternativo en sus calderas.
Cuotas ajustadas, pero con críticas
Durante el debate, se redujeron los montos de contribución establecidos previamente por el Senado.
Las cuotas aprobadas van desde 3,000 pesos anuales para microempresas con ingresos menores a un millón de pesos, hasta 675,000 pesos para aquellas que facturan hasta 100 millones.
No obstante, algunos diputados consideraron estas tarifas todavía elevadas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió los montos señalando que “son de los más bajos en América Latina” y advirtió que podrían ser aumentados en el futuro para asegurar una solución real al problema de la basura.
Los pagos serán deducibles de impuestos y ajustados anualmente según el índice de precios al consumidor (IPC) del Banco Central.
Régimen sancionador y operatividad
El Ministerio de Medio Ambiente tendrá autoridad para aplicar sanciones administrativas.
Las infracciones muy graves podrían acarrear multas de entre 100 y 1,000 salarios mínimos del sector público, y hasta 3,000 salarios mínimos en casos relacionados con residuos peligrosos.
También se contemplan sanciones como trabajo comunitario de hasta 30 días.
Además, se reformuló el artículo 38, estableciendo que los fondos recaudados serán utilizados para financiar estaciones de transferencia, el cierre de vertederos a cielo abierto, rellenos sanitarios y proyectos integrados de gestión.
Camino legislativo
La ley ahora volverá al Senado, que ya había aprobado una versión en enero, para evaluar las modificaciones introducidas por los diputados.
Esta revisión final es clave para lograr un marco legal consensuado que permita avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos sólidos en el país.
