RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El reciente planteamiento del presidente Luis Abinader para limitar las exoneraciones de vehículos de los congresistas a solo una por período legislativo y con un tope económico ha generado respuestas divididas en el Congreso Nacional.
Diputados de distintos partidos abogan por una revisión integral de los beneficios fiscales y privilegios otorgados a múltiples sectores, incluyendo funcionarios del Poder Ejecutivo y otras instituciones.
Rosendy Polanco, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), propuso que antes de implementar el cambio en las exoneraciones, se debe evaluar su impacto y extender la revisión a otros sectores. Según Polanco, “los funcionarios también deben abandonar sus privilegios, no solo los congresistas”.
En la misma línea, el diputado Tobias Crespo, de la Fuerza del Pueblo, criticó los gastos en instituciones como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que, según él, son comparables con los costos de las exoneraciones legislativas.
Crespo instó a incluir a policías, jueces, fiscales, cónsules y embajadores en la revisión de los beneficios fiscales y subsidios como los de combustibles.
Por su parte, Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, calificó el enfoque en las exoneraciones de los diputados como un “show mediático”. Castillo afirmó que “muchas instituciones y funcionarios manejan recursos públicos sin austeridad” y solicitó una reforma que abarque a todos los sectores.
Respuesta oficialista y propuestas de consenso
El diputado Carlos Sánchez, también del PRM, defendió la autonomía del Congreso, recordando que la propuesta de Abinader no obliga a una aprobación inmediata. “No porque el presidente diga que algo debe ser de una manera significa que tiene que hacerse así”, afirmó, señalando lo que considera un trato injusto hacia el Poder Legislativo.
Aníbal Díaz, otro legislador oficialista, sugirió una reunión entre los congresistas y el mandatario para analizar la propuesta en detalle, resaltando la importancia de respetar las competencias del Congreso.
Pedro Martínez, de Alianza País, consideró la iniciativa presidencial como “una oportunidad” para revisar no solo las exoneraciones de los legisladores, sino también las importaciones de vehículos por parte de otros sectores que, según él, generan una presión fiscal significativa.
Desde hace más de 50 años, una ley permite a los legisladores importar hasta dos vehículos exentos de impuestos, sin restricciones de marca, costo o cilindraje. Este privilegio ha sido criticado por el uso indebido en algunos casos, ya que vehículos de lujo se venden a terceros sin ser reportados en las declaraciones patrimoniales de los congresistas.
