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Dirigente del PRD asevera llevar al PRM a tribunales para que cumpla con la Ley

RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El aspirante a la vicepresidencia por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Joel Díaz Ureña, atacó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), insistiendo en que es imprescindible llevarlo ante los tribunales para asegurar que cumpla con la Ley.

Díaz reaccionó al anuncio del presidente del PRM, José Ignacio Plaza, al que calificó como “una gran mentira”. Esto se debe a que la asignación del 0.5% del Presupuesto Nacional a los partidos de la oposición, establecida por la Ley Electoral, es parte del cumplimiento de un mandato legislativo que debe ser respetado.

“Se puede interpretar que ellos están regalando un dinero público y no es así. Debemos recordar la razón por la cual el financiamiento público se autorizó en el Congreso Nacional; fue para eliminar los fondos oscuros en las campañas electorales”, manifestó estas y otras declaraciones fueron ofrecidas por el candidato durante una entrevista con el periodista Alberto Tavárez en el programa “Alternativa”.

Manifestó su inquietud por las acciones del Gobierno, especialmente en relación con las elecciones municipales, donde los fondos fueron entregados a los partidos de oposición apenas 48 horas antes de los comicios, lo que limitó su participación.

“Limitaron la organización y participación de los partidos en ese proceso, provocando, de manera directa, un abstencionismo. Ese alto nivel de abstención no fue fortuito como en las elecciones pasadas, debido a la pandemia”, expresó el candidato.

Advirtió que el país corre el riesgo de ver la desaparición de los partidos políticos y la instauración dictatorial de un sistema de partido único. Hizo un llamado de alerta a la ciudadanía y a los organismos internacionales respecto a estas acciones.

“Esto que acaba de hacer el buen amigo Paliza es una politiquería y una falta de respeto a los dominicanos y los partidos políticos”, expresó el dirigente político del PRD.

Además, Díaz expresó su convicción de que las acciones del gobierno actual deben tener consecuencias legales.

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