RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (AP).- El expresidente Donald Trump, en su intento por regresar a la Casa Blanca en 2024, ha prometido implementar el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos.
Aunque desde hace tiempo ha hablado de deportar a millones de personas, en esta ocasión ha revelado más detalles sobre cómo planea lograrlo: invocando poderes de tiempos de guerra, apoyándose en gobernadores con ideas afines y movilizando a las fuerzas armadas para ejecutar las deportaciones masivas.
Planes más agresivos y desafíos logísticos
Trump y su principal asesor en política migratoria, Stephen Miller, han dado algunas pistas sobre cómo abordarán el tema de la inmigración si vuelven al poder. Aunque durante su primer mandato las deportaciones alcanzaron un máximo de 350,000 al año, lejos del récord de 432,000 que logró Barack Obama en 2013, ahora buscan aplicar un enfoque más agresivo.
Según Trump, la clave sería invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma que otorga al presidente poderes extraordinarios para deportar a ciudadanos de países con los que Estados Unidos esté en guerra.
La idea central sería utilizar esta ley para deportar a inmigrantes de países que se considere como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Además, Trump mencionó la posibilidad de desplegar a la Guardia Nacional para ejecutar las deportaciones en colaboración con gobernadores republicanos, quienes enviarían tropas a otros estados que se nieguen a participar.
Miller, por su parte, sugirió que las tropas de la Guardia Nacional de estados como Alabama o Virginia podrían operar en estados vecinos que no cooperen, como Maryland, lo que representa un uso inusual de las fuerzas militares en asuntos de inmigración.
Esta táctica ha sido comparada con el despliegue de la Guardia Nacional en 2020, cuando Trump ordenó que dispersaran manifestantes del movimiento Black Lives Matter en Washington D.C., pese a la oposición del alcalde.
Aunque la Ley de Enemigos Extranjeros podría ofrecer una base legal para deportaciones masivas, su implementación enfrenta serios obstáculos logísticos, políticos y legales. Joseph Nunn, abogado del Brennan Center for Justice, advierte que, aunque el plan de Trump puede ser legal, sería extremadamente difícil de implementar en la práctica.
«Es posible que no haya muchas barreras legales, pero el proceso sería logísticamente complicado y difícil de ejecutar», señaló.
Además, los militares podrían resistirse a involucrarse en un proyecto de deportaciones masivas, ya que tradicionalmente se han mostrado reacios a participar en la aplicación de leyes civiles.
Esto podría socavar otras prioridades militares y dañar la moral entre las tropas. Según Nunn, «los militares no están preparados ni entrenados para realizar este tipo de tareas, y su involucramiento en asuntos de política interna podría generar tensiones».
Dificultades para la detención y deportación
Uno de los mayores desafíos sería cómo gestionar y financiar una operación de tal magnitud. Actualmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) solo está financiado para 41,500 camas de detención, lo que limita significativamente la capacidad del gobierno para detener y procesar a millones de personas antes de su deportación.
Incluso si se habilitaran instalaciones adicionales cerca de la frontera, como sugirió Miller, el costo y la logística de mantener a tantas personas detenidas representarían un desafío monumental.
Además, los derechos de los inmigrantes bajo la ley de inmigración y varios fallos judiciales posteriores a 1798 también representan barreras. La Ley de Inmigración de 1980 otorga a las personas el derecho a solicitar asilo, y un fallo de la Corte Suprema de 2001 prohíbe la detención indefinida de inmigrantes si no existe una posibilidad razonable de que sus países los acepten de regreso.
Países como Cuba, Venezuela y Nicaragua a menudo se niegan a recibir a sus ciudadanos deportados, lo que podría complicar aún más el proceso.
El impacto económico y social
Otro reto importante sería el impacto político, económico y social de una deportación masiva. Un informe del Pew Research Center estima que el 70 % de los hogares con al menos un miembro indocumentado en Estados Unidos también tiene a una persona con estatus legal. Esto significa que las deportaciones podrían separar familias, lo que podría generar una reacción pública negativa.
Además, la deportación de millones de trabajadores podría agravar la escasez de mano de obra en sectores clave de la economía, como la agricultura, la construcción y los servicios, que dependen en gran medida de la fuerza laboral inmigrante. Los economistas advierten que una deportación masiva podría tener efectos desestabilizadores en la economía, con un impacto particularmente fuerte en las industrias que ya enfrentan escasez de personal.
Un precedente de temor
Aunque muchos expertos dudan de que Trump logre llevar a cabo deportaciones a la escala que promete, la mera amenaza podría tener consecuencias. Adam Goodman, profesor de historia y estudios latinoamericanos en la Universidad de Illinois, Chicago, señala que incluso si Trump no puede ejecutar su plan, su retórica puede generar miedo en las comunidades inmigrantes. En junio de 2019, Trump anunció un plan para comenzar la deportación de «millones» de inmigrantes, pero en la práctica, solo se arrestó a unas 35 personas en un mes.
Sin embargo, la incertidumbre y el temor generados por esos anuncios crearon una profunda preocupación en las comunidades inmigrantes. Esta estrategia podría repetirse, provocando que las personas indocumentadas eviten los servicios públicos, como la atención médica o la educación, por temor a ser arrestadas o deportadas.
