RDÉ DIGITAL,SANTO DOMINGO.-Aunque al Ministerio de Educación se le ha otorgado el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), se ha evidenciado que cada año deja fuera de su presupuesto un monto significativo sin ejecutar, que superan miles de millones de pesos.
En el año 2023, la institución no alcanzó a ejecutar el presupuesto asignado, dejando más de RD$23,150 millones fuera, sin invertir en los programas previamente establecidos.
De acuerdo con el informe de ejecución de gastos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) correspondiente al 2023, con base en una estimación de 4% del producto interno bruto (PIB), como establece la Ley de Educación, esa institución recibió una asignación de RD$275,378.9 millones.
Así se estableció en la Ley 366-22 que aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2023.
Sin embargo, el Gobierno sometió al Congreso un presupuesto reformulado a mediados de ese año, en el cual le redujo la asignación inicial al Ministerio de Educación en RD$12,923.7 millones, estableciendo un monto de RD$262,455.2 millones.
A eso se agrega el hecho de que, en su ejecución, la institución terminó el año con un gasto total de RD$252,220.1 millones, es decir, RD$23,158.8 millones menos de lo originalmente asignado.
Algo parecido ocurrió en 2022, cuando el Ministerio de Educación recibió una asignación de RD$231,147 millones, pero solo ejecutó RD$226,062 millones, según la publicación del periódico El Dinero.
De acuerdo con la Ley General de Educación, el presupuesto que debe recibir el Ministerio cada año es equivalente al 4% del PIB, pero la institución nunca completa su ejecución.
Este martes cientos de profesores se concentraron frente al Ministerio de Educación en demanda de aumento salarial y del cumplimiento de los acuerdos firmados en julio del año pasado 2023 por el ministro Ángel Hernández, y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo.
En ese acuerdo se garantizó mejorar las condiciones de la enseñanza, así como una mejora salarial del 20 %, la construcción de dos hospitales, centros sociales y la inclusión en el programa de Medicamentos de Alto Costo de Salud Pública, algo que, se denuncia, no ha sucedido.
