RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- El Gobierno de Estados Unidos está pagando actualmente a más de 150.000 funcionarios federales para que no regresen a sus puestos de trabajo, como parte de un programa de “renuncia en diferido” lanzado por la Casa Blanca con el fin de reducir costos y eliminar lo que el presidente Donald Trump considera una “burocracia inflada”.
La medida, que afecta a más del 6% de los 2,3 millones de empleados federales, ha generado controversia entre sindicatos y legisladores.
De acuerdo con la Oficina de Administración de Personal, hasta 154.000 empleados se han inscrito en el programa que les permite evitar el despido inmediato, pero retrasar su salida hasta el final del año fiscal (30 de septiembre) o hasta el 31 de diciembre de 2025.
Esta estrategia la anunciaron en enero como parte de un esfuerzo por reducir el tamaño de la administración pública y generar ahorros para el Gobierno.
El Departamento de Estado fue uno de los principales actores de este plan, anunciando el despido de más de 1.300 empleados en EE. UU. y en el exterior el pasado mes de julio.
Sin embargo, esta medida la critican varios sectores, especialmente por los sindicatos, que advierten que podría generar disfuncionalidades en los servicios públicos y un aumento de la inestabilidad laboral.
En paralelo, senadores demócratas presentaron un informe en el que denuncian el impacto negativo de este programa, alegando que el gobierno está gastando miles de millones de dólares en pagar a trabajadores que se encuentran de baja, ya sea por la renuncia en diferido o por los litigios relacionados con sus despidos.
De acuerdo con los críticos, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el multimillonario Elon Musk, no ha logrado los ahorros prometidos y, en cambio, se han derrochado aproximadamente 21.700 millones de dólares en este proceso.
A pesar de las críticas, el Gobierno de Trump defiende la medida como una forma de reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en la administración pública.
Según la Casa Blanca, los recortes a la nómina de funcionarios federales son una parte esencial de su plan para reducir el gasto gubernamental y reinvertir esos fondos en otras prioridades.
Por el momento, no se ha indicado si se implementarán nuevos programas similares o si se ajustarán las condiciones del plan en respuesta a la creciente presión política y pública.
