La nueva normativa acorta el tiempo para presentar pruebas y argumentos ante una notificación oficial. Esta comunicación informa al refugiado sobre la intención de las autoridades de retirarle la protección.
Según el DHS, el cambio busca restaurar la integridad del sistema migratorio. Además, pretende reducir riesgos para la seguridad pública y nacional, así como prevenir posibles fraudes.
Cómo funcionará el nuevo procedimiento
La legislación estadounidense permite retirar el estatus de refugiado cuando las autoridades determinan que la persona no cumplía los requisitos al momento de su admisión.
Por tanto, los afectados podrán presentar pruebas y argumentos para defender su permanencia bajo esa protección. Sin embargo, dispondrán de solo diez días para responder a la notificación gubernamental.
Si las autoridades consideran insuficiente la documentación presentada, podrán retirar el estatus. En consecuencia, la persona podría quedar expuesta a un proceso de deportación.
El proceso para obtener refugio en Estados Unidos puede prolongarse durante años. Entre las vías de acceso figura la remisión al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP).
Esta remisión puede proceder de organismos de las Naciones Unidas, embajadas estadounidenses u organizaciones no gubernamentales. Asimismo, los solicitantes deben superar entrevistas y controles de seguridad realizados por distintas agencias federales.
Organizaciones cuestionan la reducción del plazo
El Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés) rechazó la medida. La organización advirtió que el cambio podría facilitar deportaciones masivas.
En un comunicado, IRAP afirmó que la Administración del presidente Donald Trump ha perseguido a refugiados desde comienzos de año. También denunció detenciones que considera ilegales.
Además, la entidad ha demandado al Gobierno por casos relacionados con refugiados de Ruanda, Irak y Afganistán. Según su posición, algunas personas enfrentan detenciones e intentos de deportación pese a contar con protección legal.
Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales de IRAP en Estados Unidos, cuestionó el plazo reducido. A su juicio, los diez días podrían convertir la defensa en una mera formalidad.
La representante advirtió que la medida podría afectar a personas admitidas legalmente. También señaló el riesgo de deportaciones hacia lugares donde podrían sufrir persecución.
Más cambios en la política migratoria
La reducción del plazo se suma a otras medidas migratorias adoptadas durante el segundo mandato de Trump. Entre ellas figuran la eliminación de protecciones temporales para ciudadanos de varios países y la cancelación de programas de permiso humanitario.
Asimismo, el Gobierno ha impulsado cambios en la tramitación de determinadas solicitudes de asilo. Estas políticas han provocado acciones legales y críticas de organizaciones que defienden a los inmigrantes.
Por otra parte, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) informó que 1,6 millones de inmigrantes perdieron su estatus legal durante el primer año del segundo mandato presidencial. La cifra corresponde a la estimación citada por la entidad.
