RDÉ DIGITAL, ESPAÑA (EFE).- El Gobierno de España ha desmentido cualquier vínculo con el documento o negociación que involucra al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien ha afirmado haber sido sometido a “coacción, chantaje y presiones” durante su estancia en la residencia del embajador español en Caracas.
Según fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores de España, el Gobierno no tuvo participación en el contenido ni en las circunstancias de la renuncia de González, quien, en un video, acusó al régimen chavista de obligarlo a firmar un documento en el que solicitaba asilo en España y acataba el fallo judicial que ratificó la reelección de Nicolás Maduro.
Este documento, fechado el 7 de septiembre, fue difundido por el ministerio de Comunicación del régimen y muestra a González firmando el texto en presencia de funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El ex diplomático y ex candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien enfrenta una orden de captura en Venezuela, describió la firma del documento como un acto forzado.
Aseguró que fue presionado para firmar el documento con el riesgo de enfrentar graves consecuencias si no lo hacía.
El Gobierno español ha afirmado que González tuvo la garantía de libertad para manejar su situación durante su estancia en la residencia diplomática y que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, instruyó al embajador de no involucrarse en las gestiones personales del opositor.
En su mensaje, González subrayó que el documento firmado bajo coacción carece de validez y enfatizó que su compromiso con la democracia y el cambio en Venezuela sigue firme. También destacó que la comunidad internacional continúa respaldando la voluntad soberana del pueblo venezolano.
Paralelamente, el Senado español aprobó una resolución, apoyada por Vox y Junts, instando al Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela y a promover una orden de arresto contra Nicolás Maduro ante el Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.
