RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- A pesar de un crecimiento económico sostenido del 5 % anual en promedio, República Dominicana continúa enfrentando una brecha entre ingresos y gastos públicos.
El déficit fiscal se ha mantenido en un rango del 2.7 % al 3.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2021 y 2024, después de dos picos históricos: un 6.6 % en 2012 debido a gastos electorales y un 7.7 % en 2020, impulsado por las medidas de emergencia para enfrentar el impacto de la pandemia de COVID-19.
Un análisis de los factores detrás del déficit fiscal dominicano revela una serie de obstáculos estructurales. La informalidad, que afecta aproximadamente al 56 % del PIB, dificulta la fiscalización de contribuyentes potenciales, mientras que las exenciones fiscales o “gasto tributario”, representan un alto costo en ingresos fiscales.
Este gasto tributario, que según el Ministerio de Hacienda superará al déficit fiscal con un estimado de RD$383,566.2 millones para 2025, incluye beneficios otorgados a sectores específicos bajo un marco de 43 disposiciones legales que datan desde la década de 1950.
El impacto de estos incentivos es amplio y abarca leyes como la Ley 8-90 de zonas francas industriales, la Ley de Incentivo Turístico (158-01) y la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica (108-10), entre otras.
Aunque estas exenciones han ayudado a atraer inversión y fomentar el crecimiento en sectores clave, la falta de un sistema recaudatorio más eficiente ha generado una dependencia de financiamiento externo para cubrir el presupuesto nacional.
Entre 2012 y 2024, se estima que el gasto tributario totalizará en dos billones RD$884,923.5 millones, mientras que el déficit fiscal en este mismo período sumará un billón RD$793,283.8 millones.
La situación fiscal actual refleja los efectos de políticas heredadas de hace más de 70 años. En 1954, el Concordato firmado entre el Gobierno dominicano y la Santa Sede eximió a la Iglesia Católica de varios impuestos, lo que sentó un precedente para el establecimiento de otros incentivos fiscales.
Desde entonces, la República Dominicana ha implementado leyes que otorgan beneficios fiscales a sectores tan diversos como el turismo, la minería y la producción agropecuaria, con el fin de promover el desarrollo económico en áreas específicas.
Para contrarrestar la creciente presión fiscal, el Gobierno dominicano retiró recientemente el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, cuyo objetivo era incrementar la recaudación en aproximadamente RD$122,486 millones.
Sin embargo, la iniciativa fue criticada por no abordar la evasión fiscal y por no incentivar la formalización de la economía. En respuesta, el presidente Luis Abinader ha señalado que su administración trabaja directamente con los sectores beneficiados para mejorar la eficiencia de las leyes de incentivo.
Este proceso, sin embargo, no incluye un plan de revisión de estas leyes en el Congreso.
La falta de reformas fiscales profundas ha generado preocupación entre economistas y analistas, quienes advierten que la dependencia del endeudamiento para cubrir el déficit podría afectar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Según datos de Hacienda, entre 2013 y 2019, el déficit fiscal anual promedio fue de RD$74,000 millones (2.3% del PIB), pero el gasto tributario como porcentaje del PIB ha sido constantemente superior al déficit en la última década.
Solo en 2020, el déficit superó el gasto tributario debido a los gastos extraordinarios por la pandemia. (Fuente: El Dinero)
