RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La normativa, que sustituye un código vigente por más de 140 años, ha sido duramente criticada por colectivos feministas que reclaman la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo y otras garantías previamente contempladas, como el derecho a una llamada telefónica en caso de detención. Solicitan que el presidente Luis Abinader observe la ley y la devuelva al Congreso Nacional.
“El Congreso le ha dado la espalda a los derechos de las mujeres”, denunció una activista. “Abinader se comprometió con las causales. Esperamos que cumpla su palabra”, agregó, en alusión a promesas pasadas del mandatario.
Desde la sociedad civil se advierte que el nuevo código viola principios constitucionales de igualdad y limita el alcance del feminicidio como figura penal. También se señala que representa un retroceso en derechos adquiridos y un debilitamiento del marco legal para la protección de los derechos humanos.
En contraste, la Iglesia Evangélica considera el nuevo Código un logro trascendental para la justicia dominicana. “Preservar la vida desde la concepción hasta la muerte es constitucional”, afirmaron sus representantes, quienes felicitaron al Congreso por su decisión.
El nuevo Código Penal contempla la acumulación de penas de hasta 60 años, penas más severas por delitos de corrupción administrativa y la inclusión de nuevos tipos penales como el bullying, el feminicidio, la inducción al suicidio, el terrorismo y el uso de sustancias químicas para causar daño.
También impone sanciones más estrictas para delitos sexuales y crímenes contra menores de edad, aunque las omisiones en derechos clave han eclipsado estos avances ante la opinión pública.
Ahora, la expectativa recae sobre el Poder Ejecutivo, que deberá decidir si promulga el controversial código o lo devuelve al Congreso para su revisión.
