RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (AP).- El fiscal especial Jack Smith solicitó este lunes a un juez federal la desestimación del caso que acusa al presidente electo Donald Trump de conspirar para anular las elecciones de 2020, citando la política del Departamento de Justicia que protege a los presidentes en funciones de ser procesados mientras están en el cargo.
Un caso sin precedentes
El caso, relacionado con los presuntos intentos de Trump de aferrarse al poder previo al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, marcaba un esfuerzo histórico por parte del Departamento de Justicia para responsabilizar a un expresidente por una supuesta conspiración criminal.
Sin embargo, Smith y su equipo señalaron en documentos judiciales que la Constitución impide proceder judicialmente contra un presidente en funciones, independientemente de la gravedad de los cargos o la solidez de las pruebas presentadas.
Esta decisión se alinea con la política de larga data del Departamento de Justicia, que establece que un presidente en funciones no puede ser procesado mientras ejerce el cargo. “La prohibición es categórica y no depende de los méritos de la acusación”, destacaron los fiscales en su petición.
El caso ya había enfrentado retrasos debido a batallas legales sobre la inmunidad judicial de Trump por acciones realizadas durante su mandato. En julio, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes gozan de amplia inmunidad judicial, devolviendo el caso a la jueza Tanya Chutkan para decidir qué partes de la acusación podrían proceder.
Trump, quien ha calificado los casos en su contra como persecuciones políticas, prometió despedir a Jack Smith una vez asuma la presidencia en enero. El expresidente enfrenta también un caso relacionado con el manejo de documentos clasificados, pero ambos procesos quedaron en pausa tras su victoria en las elecciones presidenciales de este año.
El caso de interferencia electoral, que alguna vez fue considerado una de las amenazas legales más serias contra Trump, queda así archivado antes de avanzar a juicio. Esta resolución resalta el desafío de balancear la inmunidad presidencial con la rendición de cuentas ante la ley, un tema que continuará generando debate en Estados Unidos.
