El conflicto actual en la frontera entre la República Dominicana y Haití, por la construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre por parte de los haitianos y que según las autoridades dominicanas se traduce en la desviación del cauce de este recurso hídrico binacional, escala en la prensa local e internacional el pasado mes de septiembre, pero tiene sus orígenes meses, e incluso años atrás.
Según algunas informaciones los inicios de la obra se remontan entre 2016 y 2018, pero es en abril del 2021, cuando el gobierno dominicano de turno, se entera de la construcción, que califican como una clara violación al Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, al Acuerdo Fronterizo de 1935 y al Protocolo de Revisión de Frontera de 1936. En ese momento inician las mesas de diálogo tanto con la parte haitiana, como con especialistas representantes de diferentes instituciones gubernamentales dominicanas, como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entre otros.
Para el 21 mayo del 2021, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, INAPA y el INDRHI, presentaron un informe técnico del más alto nivel, donde establecen todos los detalles de la inviabilidad de la obra.
Pese a dicho informe, el día 27 de mayo del mismo año, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) publicó una declaración conjunta de la reunión binacional sobre la situación de las aguas transfronterizas del río Dajabón o Masacre. En cuya redacción se lee en el cuarto párrafo lo siguiente:
“Reconociendo, en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de la República de Haití y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río”.
Esta declaración aunque sin firma, le costó gran polémica al MIREX, pues fue interpretada por las partes haitianas, como una postura a favor de la obra. En ese momento, a pesar del informe del día 12 de mayo, el gobierno no marcó oposición oficial a la construcción del canal, sino hasta el día 06 de julio.
La comunicación fue remitida a la Embajada de la República de Haití en el país, el 07 de julio de 2021 (coincidencialmente el mismo día del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse), y estaba dirigida al entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de dicha nación, Claude Joseph. En la misma, se establecieron, bajo la firma del canciller dominicano Roberto Álvarez, todas las razones por las que la República Dominicana solicitaba detener la construcción de la obra, como la posibilidad de inundaciones en zonas de Dajabón y Ouanaminthe, incluyendo la planta de Codevi que emplea a más de 14 mil haitianos y más de 1000 dominicanos.
El documento resaltaba que nunca se recibió del gobierno haitiano notificación oficial del inicio de la obra, y que la reunión del 27 de mayo que resultó en la declaración ya mencionada, fue de naturaleza informal. En este punto es importante destacar la contradicción del MIREX, puesto que en la publicación del 27 de mayo resaltan que según el informe haitiano la obra iniciada no implicaba la desviación del caudal del río, sin embargo en la comunicación del 06 de julio (más de un mes después), admiten que un breve resumen entregado por un funcionario haitiano el mismo 27 de mayo 2021, establecía que el objetivo del canal, era desviar el caudal del río. Con justa razón, expertos entienden que nunca debió publicarse la declaración del 27 de mayo.
Desde julio del 2021 no se supo más, hasta hace algunas semanas atrás, cuando el Ministerio de Defensa informa a los organismos correspondientes, que se habían retomado los trabajos de la obra, por lo que el 01 de septiembre el gobierno dominicano solicitó a las autoridades haitianas el detenimiento de la construcción. La solicitud no tuvo efecto y el día 05 de septiembre, se cerró la frontera.
Para el día 06 el vocero de la presidencia Homero Figueroa, indicaba que tras el cierre fronterizo los haitianos estaban sellando el paso de agua desde el río Masacre. Pero contra todo pronóstico, continuaron los trabajos.
Otras medidas fueron tomadas por el gobierno de Luis Abinader, como la suspensión de visas a ciudadanos haitianos, pero entre todas, como un frente directo a la obra en el río, se dispuso, como medida a corto plazo, la rehabilitación de la toma de la Vigía (antigua Aduana) que ya está en funcionamiento, y como medida a largo plazo, se ordenó el adelanto de la construcción de la Presa Don Miguel, ambas disposiciones para garantizar el abastecimiento de agua a la población dominicana de la zona.
Y como un Déjà vu, tras mandato presidencial, el 15 de septiembre a las 6:00 a.m se cerró en su totalidad la frontera con Haití, cinco días después, el 20 de septiembre, Abinader ante la Asamblea General de la ONU, indicó que su gobierno, se vio en la obligación del cierre fronterizo para garantizar la seguridad y el interés nacional, destacando que ya el problema de ese país, estaba en manos de la comunidad internacional. Al otro día el gobierno haitiano, que en principio no reconoció apoyar la construcción del canal, en el mismo escenario de las Naciones Unidas, afirmó que la obra continuará adelante.
En buen dominicano mucha espuma y poco chocolate, ninguna medida del gobierno paralizó los trabajos de la construcción del canal, que a sea de riego o trasvase avanza a su finalización, de hecho al día de hoy, se ha convertido en una causa social en Haití, que ha sido apoyada con miles de dólares, por diferentes sectores de ese país, incluso por su diáspora.
Por su parte el 01 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue por un año (prorrogable) de una fuerza multinacional de asistencia a la Policía de Haití, a pedido del gobierno haitiano hace 12 meses. Algunos países apoyan la causa: Kenia enviará los primeros días de noviembre unos mil agentes, Guyana y el Gobierno de Surinam también ofrecieron enviar tropas, aunque aún no han determinado el número de efectivos.
A principios de octubre el gobierno informó una reapertura solo comercial de la frontera, iniciando el día 11, y en las primeras horas de ese día, coincidencialmente ocurrió un incendio en el mercado binacional de Dajabón, donde fueron afectados alrededor de 28 módulos, previo a la reapertura comercial de la frontera.
Pero la atención del día no fue el incendio, sino que, para sorpresa de todos los dominicanos, a las 9:40 a.m. del miércoles 11 de octubre, al abrirse las puertas dominicanas en la frontera de Dajabón, encontraron el paso cerrado por Haití. De igual forma el intercambio comercial que se esperaba para el pasado viernes 13, fue un rotundo fracaso. Y es que el gobierno haitiano ha marcado firme posición de no reabrir el cruce fronterizo, vetando a sus ciudadanos de comercializar en territorio dominicano. Increíblemente los haitianos se resisten a integrarse al mercado fronterizo. Y la gran cuestionante es la misma que con las puertas fronterizas cerradas ¿Cuánto le cuesta al Estado el cese de las operaciones en la frontera? ¿Cuántos millones diarios deja de percibir República Dominicana?
La oposición desde el inicio de la presente gestión, ha denominado al gobierno como improvisado, y sea el caso o no, mientras tanto, el Estado y los comerciantes dominicanos pierden ingresos, la construcción del canal avanza, y los haitianos necesitados aunque no de orgullo, no abren sus puertas al mercado.
Y como si la situación fronteriza fuera la crónica de un conflicto anunciado, no en vano es tanto alboroto, pues si bien cuando el río suena, es porque agua trae, el lado haitiano, por el Masacre, parece estar dispuesto a sangrar.