RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– A escasos meses de concluir el mandato del presidente Luis Abinader, una situación irregular ha salido a la luz, evidenciando que 18 de los funcionarios que él designó continúan violando la Ley 311-14 al no realizar su declaración jurada de patrimonio.
La falta de transparencia y el incumplimiento flagrante de la ley se hacen evidentes, ya que estos funcionarios, lejos de actuar en consonancia con las normativas establecidas, han ignorado sus responsabilidades legales y permanecen en sus cargos sin enfrentar sanción alguna. Incluso, un reducido grupo de ellos solo recibió una suspensión temporal de sus salarios durante el año 2020, una medida que dista mucho de ser suficiente para garantizar la integridad y la ética en el ejercicio de sus funciones.
Resulta paradójico que, a pesar del constante discurso del presidente Abinader sobre transparencia, cambio y «anticorrupción» durante su mandato, varios de sus funcionarios hayan eludido seguir su línea y hayan actuado al margen de la ley.
Según datos proporcionados por la Cámara de Cuentas en su último listado de funcionarios nombrados por decretos y otras designaciones, hasta noviembre de 2023, varios presidentes de entidades, miembros de consejos, gobernadores, directores e incluso un cónsul del actual tren gubernamental, no han cumplido con la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio.
La falta de cumplimiento se ha vuelto aún más alarmante al descubrir que, a pesar de la disponibilidad de un portal de consulta de declaraciones juradas de patrimonio, ninguno de los funcionarios incumplidores ha registrado sus documentos.
La mayoría de los funcionarios que no han presentado su declaración jurada de patrimonio provienen del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur). Entre ellos se encuentran nombres como Máximo Florián Sierra, Ángel Darío Ramírez Medina, Manuel Antonio Medina, Francisco Alberto Jiménez Sena y Juan Adolfo Familia Beltre, todos en violación de la ley desde el año 2020.
Otros funcionarios, pertenecientes a entidades como la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (Coraamoca) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel, también figuran en la lista de incumplidores.
A pesar de las advertencias y las sanciones provisionales anunciadas por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2020, que incluyeron la suspensión temporal de 36 funcionarios por no presentar su declaración jurada de patrimonio en el plazo establecido, muchos de ellos continúan en sus cargos, sin haber cumplido con esta obligación legal.
La ley es clara en cuanto a las consecuencias del incumplimiento: los servidores públicos que no presenten la declaración de sus bienes incurren en faltas graves, sancionadas con la destitución del cargo según la ley número 41-08, de Función Pública. Sin embargo, parece que estas sanciones no se están aplicando de manera efectiva, ya que varios de los funcionarios incumplidores continúan en sus posiciones sin consecuencia alguna.
En este contexto, es fundamental que se tomen medidas urgentes para garantizar la transparencia y la legalidad en la administración pública, y que se apliquen sanciones adecuadas a aquellos funcionarios que no cumplen con sus obligaciones legales.
