RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.– El Gobierno de la República Dominicana comenzó el año destinando una mayor parte de su presupuesto al pago de intereses de la deuda y a los consumos rutinarios de sus dependencias, en lugar de invertir en obras públicas, una de las principales áreas de desarrollo del país.
Según el más reciente informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), correspondiente al período entre el 1 de enero y el 7 de febrero de 2025, el gasto de capital, que incluye las inversiones en obras y servicios públicos, representó solo el 4.35% de los 167,402.4 millones de pesos asignados a los gastos del Gobierno en ese lapso.
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Desbalance entre deuda y gasto de capital
El reporte revela que el gasto de capital devengado durante el primer mes y la primera semana de febrero alcanzó los 7,291.3 millones de pesos, una cifra casi trece veces menor que el monto destinado al pago de intereses de la deuda, que fue de 53,799.4 millones de pesos.
El gasto de capital es un indicador clave de las finanzas públicas, pues refleja las inversiones en infraestructura y servicios que demanda la sociedad. De los 7,291.3 millones de pesos devengados en gasto de capital, 3,279.6 millones se destinaron a obras en construcción, mientras que 3,090.7 millones fueron dirigidos a transferencias de capital. El resto se distribuyó entre activos fijos y activos no producidos.
En términos generales, el Gobierno proyectó un gasto total de 1,484,234.6 millones de pesos para el 2025, de los cuales 176,037.9 millones se destinan a inversiones, lo que representa el 11.8% del total presupuestado. En contraste, el gasto corriente, que cubre áreas como nómina y consumo, fue planificado por un total de 1,308,196.7 millones de pesos.
Asimismo, el financiamiento necesario para completar los ingresos estimados en el presupuesto del Gobierno asciende a 108,120.5 millones de pesos, de los cuales hasta la fecha se han devengado 22,835.8 millones.
Este desbalance en el gasto, con un fuerte énfasis en el pago de la deuda, podría generar preocupación sobre la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las inversiones necesarias para el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos que impulsen el crecimiento económico en el corto y mediano plazo.
