RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Gobierno aprobó este martes el Presupuesto General del Estado para 2026, durante el 52.º Consejo de Ministros encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña Rodríguez. La propuesta será enviada al Congreso antes del 1 de octubre, según la Constitución.
El presupuesto, presentado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, asciende a RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1 % del PIB. Se proyecta un crecimiento de 4.5 % y una inflación promedio de 4 %.
Inversión pública y social
Uno de los ejes principales es la inversión pública, que alcanzará el 2.5 % del PIB. El gasto de capital proyectado supera en RD$7,354.6 millones al presupuesto reformulado de 2025 y RD$39,000 millones al inicial. Los recursos se destinarán a transporte, vivienda, agua potable y saneamiento. Su objetivo es dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida.
El presupuesto también refuerza los servicios sociales, que representarán el 46 % del gasto total. Destacan el 4 % del PIB para educación, mayores asignaciones a salud y seguridad social, y aumentos en deportes, vinculados a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.
“Este presupuesto reafirma el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la gente. Prioriza la inversión social y garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas”, dijo Paliza.
Seguimiento y planificación
Durante el Consejo se presentaron avances en la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI), a cargo del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund. También se hizo seguimiento a metas en agricultura, energía, minas e industria y comercio, con intervenciones de los ministros Limber Cruz, Joel Santos y el viceministro Johannes Kelner.
Además, se presentó la Priorización de Programas del Gobierno 2026, a cargo del viceministro Luis Madera Sued, como parte de los esfuerzos de planificación y rendición de cuentas. La vicepresidenta Raquel Peña cerró el Consejo reafirmando el compromiso del Gobierno con la eficiencia, transparencia y sostenibilidad en el uso de los recursos públicos.
