RDÉ DIGITAL, ESPAÑA.- El Gobierno español anunció este martes la aprobación de un programa de reparación que incluye compensaciones para las víctimas de abusos en la Iglesia cuyos casos hayan prescrito, junto con la realización de un acto oficial de reconocimiento a los afectados, medida que la Iglesia rechaza.
El programa, en línea con las sugerencias del Defensor del Pueblo, surge del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y estará en vigor desde 2024 hasta 2027.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión del gabinete, el ministro de Justicia español, Félix Bolaños, afirmó que este plan busca reparar a las víctimas que “durante décadas han sido ignoradas y excluidas” y a las que “nadie prestó atención”.
Para ello, el Gobierno contempla compensaciones económicas y espera que la Iglesia asuma dicho costo. En este sentido, Bolaños explicó que el Ejecutivo está en conversaciones con la Conferencia Episcopal (CEE) para que asuma las compensaciones a las víctimas.
“Creo que nadie entendería que la iglesia no actuara como lo han hecho otros países de nuestro entorno”, dijo.
El plan sigue las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo a instancias del Parlamento, presentado el pasado 27 de octubre, que estimaba en el 1,13 % de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440,000 personas.
“Son cifras muy altas que nos deberían impactar”, señaló Bolaños.
El titular de Justicia explicó que el plan consta de cinco ejes de acción: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar, e informar e investigar.
El documento también prevé la creación de una comisión compuesta por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas y buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones.
Además, tal como adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura del año pasado, se fortalecerá el marco jurídico para que los delitos de agresión y abuso sexual a menores no estén limitados en el tiempo y que la responsabilidad civil no prescriba.
No existen cifras oficiales sobre el número de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, en parte debido a la falta de denuncias, además, los abusos se extendieron en el tiempo y las víctimas, en su mayoría, eran menores.
La investigación del Defensor del Pueblo estimó en más de 445,000 las personas que habrían sufrido abusos en el ámbito religioso y casi 236,500 a manos de sacerdotes.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal (CEE) encargó una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para investigar los casos de abusos a menores, que reveló un total de 1,383 denuncias y un mínimo de 2,056 víctimas.
El despacho de abogados también propuso la creación de una Comisión Independiente de reparación integral para los casos en los que los afectados decidieran no acudir a los tribunales. En estos casos, la Comisión fijaría una indemnización según una serie de criterios y del tipo de abuso cometido.
La CCE respondió este martes al plan del Gobierno que contempla compensaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia y señaló que la Iglesia “no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”.
“El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”, denunció la CEE en un comunicado.
Los obispos critican que, al centrarse solo en la Iglesia católica, el plan del Ejecutivo aborda únicamente una parte del problema. “Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones”, y subrayan: “la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”.
