RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Gobierno dominicano propone prohibir la construcción de residenciales sin servicios básicos. La medida forma parte del proyecto de ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, depositado este jueves en el Senado.
La iniciativa busca regular el uso del suelo y frenar la expansión urbana desordenada. Además, establece requisitos para garantizar servicios esenciales antes de desarrollar nuevos proyectos habitacionales.
Los residenciales deberán contar con servicios básicos.
El proyecto dispone que las nuevas urbanizaciones garanticen el acceso a agua potable, drenaje pluvial, movilidad y manejo de desechos. También contempla condiciones para asegurar viviendas adecuadas.
Asimismo, la propuesta busca prevenir inundaciones y evitar el colapso de las calles en zonas metropolitanas y municipios. Para ello, los proyectos deberán ajustarse a los parámetros de ordenamiento territorial.
Reservarán terrenos para parques y escuelas.
La iniciativa ordena al Gobierno ya las alcaldías elaborar un inventario de terrenos destinados a fines públicos. De esta manera, el Estado podrá identificar espacios aptos para distintos servicios comunitarios.
Entre los terrenos reservados figuran áreas verdes, parques, escuelas y centros de salud. También se contemplan proyectos de viviendas de interés social.
Ciudadanos podrán impugnar construcciones irregulares
El proyecto reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de los planos territoriales. Además, podrán consultar información técnica y presentar recursos administrativos o judiciales contra construcciones irregulares.
Por otro lado, las alcaldías deberán organizar vistas públicas. En esos espacios, los residentes podrán opinar sobre obras proyectadas cerca de sus viviendas.
Prohíben permisos en zonas de alto riesgo
La propuesta define el concepto de «riesgo no mitigable» ante los peligros asociados a fenómenos meteorológicos. En esas áreas, así como en zonas protegidas y terrenos de dominio público, se prohibirán nuevos permisos y autorizaciones transitorias.
Asimismo, el Estado deberá ejecutar programas para reubicar progresivamente a las familias que viven en asentamientos vulnerables.
El proyecto también establece sanciones para los funcionarios que autoricen obras contrarias al ordenamiento territorial. Estas podrían incluir responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles y penales.
Además, las grandes obras públicas y privadas deberán someterse a una Evaluación de Impacto Territorial (EIT) antes de su ejecución.
Senado dará prioridad al proyecto
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, depositó la iniciativa ante el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
Tras recibirla, De los Santos aseguró que el Congreso prestará especial atención al proyecto. También invita a los ciudadanos a revisarlo y presentar sus observaciones.
Por su parte, Paliza pidió priorizar su estudio. El funcionario sostuvo que la República Dominicana enfrenta un problema de desorden territorial que requiere medidas regulatorias.
