La iniciativa contempla a niños y adolescentes menores de 18 años. En particular, el artículo 22 establece que la exención se aplicará cuando los hechos deriven directamente del sometimiento, la coacción o la instrumentalización. Por tanto, la propuesta reconoce su condición de víctimas.
Asimismo, el proyecto prohíbe sancionar a los menores por permanecer en esos grupos o abandonarlos. Tampoco permitiría castigos por su fuga, deserción o desvinculación. En cambio, dispone de atención médica y psicológica, restitución de derechos y medidas de reintegración social.
Proyecto establece penas de hasta 30 años de prisión
La propuesta busca imponer penas de 15 a 20 años de prisión a quienes recluten, utilicen, incorporen o retengan menores en organizaciones delictivas. Sin embargo, las condenas aumentarían cuando concurrieran circunstancias agravantes.
En esos casos, las penas podrían alcanzar entre 20 y 30 años de prisión . Entre los agravantes figuran que la víctima tenga menos de 14 años o que el responsable utilice violencia, amenazas o secuestro.
Además, la sanción aumentaría si los menores fueran destinados a cometer delitos graves. Entre estos figuran el homicidio, la extorsión y el tráfico de drogas.
La iniciativa también contempla el aprovechamiento de la pobreza extrema, el abandono o la vulnerabilidad de las víctimas. Asimismo, incluye el abuso de autoridad, custodia o confianza por parte de los reclutadores.
Redes sociales figuran entre las vías de captación
El proyecto identifica distintas formas de reclutamiento de niños y adolescentes. Por ejemplo, contempla los engaños, las promesas, la intimidación y la presión grupal.
De igual manera, incluye la captación mediante redes sociales, servicios de mensajería y otras plataformas digitales. Así, la propuesta busca abarcar los métodos utilizados para incorporar menores a estructuras criminales.
Por otra parte, los tribunales podrían inhabilitar a los responsables para ejercer funciones relacionadas con el cuidado, la formación, la custodia o la seguridad de menores.
Además de las penas de prisión, la iniciativa contempla la reparación de los daños causados. Esto incluiría los gastos médicos, la atención psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las víctimas.
El Senado deberá estudiar el proyecto
La propuesta será examinada en el Senado como parte del proceso legislativo. Mientras tanto, plantea garantizar protección a los menores reclutados, incluso cuando hayan portado armas o participado en actos violentos bajo coacción.
Finalmente, el proyecto invoca la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes reconocida por la Constitución dominicana y la Convención sobre los Derechos del Niño.
