La propuesta busca modificar la Ley núm. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Además, establece un marco legal para regular la administración, operación y fiscalización de los peajes en las carreteras del país.
El presidente Luis Abinader remitió la iniciativa al Senado mediante una comunicación dirigida a su titular, Ricardo de los Santos Polanco. En consecuencia, el proyecto deberá pasar por el proceso de estudio y discusión legislativa antes de su eventual aprobación.
Peajes electrónicos sin detener los vehículos
Entre los principales cambios figura la implementación del sistema de flujo libre. Esta modalidad permitirá realizar pagos electrónicos sin que los conductores tengan que detenerse en las estaciones de peaje.
De esta manera, el Gobierno busca reducir las filas, agilizar el tránsito y mejorar la recaudación. Asimismo, la propuesta contempla regular las cuentas de telepeaje, los dispositivos electrónicos y los mecanismos para identificar los vehículos.
Por otra parte, el proyecto plantea tipificar la evasión del pago como una infracción. También establece procedimientos administrativos para sancionar a quienes utilicen las vías de peaje sin cumplir con sus obligaciones.
RD Vial administraría los peajes
La iniciativa propone designar al Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal (RD Vial) como autoridad responsable de administrar los peajes.
Sin embargo, esta entidad funcionaría bajo la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Además, el ministerio tendría a su cargo la aprobación de las tarifas y la determinación de los puntos de cobro.
Actualmente, la Ley 63-17 no establece una regulación específica sobre la administración de los peajes ni contempla sanciones particulares por evadir su pago. Por consiguiente, el proyecto busca incorporar esas disposiciones al ordenamiento jurídico.
Conductores tendrán derecho a reclamar
La propuesta también incluye mecanismos de protección para los usuarios. Entre ellos figura el derecho a consultar los registros de tránsito y verificar los cargos realizados.
Asimismo, los conductores podrán presentar reclamaciones cuando consideren que recibieron cobros incorrectos. También dispondrán de un plazo para pagar los peajes registrados mediante flujo libre sin recargos.
En materia de privacidad, el proyecto establece que los datos personales recopilados deberán utilizarse exclusivamente para gestionar los cobros. Esta disposición deberá ajustarse a la Ley núm. 172-13, sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Aplicación gradual del nuevo sistema
El Poder Ejecutivo plantea implementar los cambios de manera progresiva. Para ello, deberán instalarse los equipos tecnológicos y habilitarse los mecanismos de consulta, pago y reclamación.
Además, las sanciones por evasión y las restricciones para determinados trámites vehiculares entrarían en aplicación después de señalizar cada estación e informar previamente a la población.
La iniciativa también contempla mantener vigentes las cuentas y los dispositivos de Paso Rápido utilizados actualmente por los conductores.
Según la comunicación presidencial, el objetivo consiste en reducir la congestión vehicular, facilitar los pagos y fortalecer la fiscalización de los ingresos.
No obstante, el proyecto todavía no es una ley. Por tanto, las nuevas obligaciones y sanciones no están vigentes y dependerán de la aprobación del Congreso Nacional.
