RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Hacienda y Economía remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente para ejecutar el pago de RD$1,132,800 a favor de la firma Cury & Cury.
El monto fue establecido mediante una sentencia civil firme. El litigio se originó por servicios legales que, según la documentación del caso, permanecen pendientes de pago desde 2020.
La remisión coloca ahora en manos del Ministerio Público el cumplimiento de la condena. Hacienda argumentó que la PGR cuenta con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.
La comunicación MHE-2026-033877 fue fechada el 9 de septiembre. Además, fue emitida luego de que Cury & Cury acudiera al procedimiento previsto para reclamar el cumplimiento de la sentencia.
Hacienda explica la remisión del expediente
La decisión judicial corresponde a la sentencia civil núm. 034-2025-SCON-00370. El fallo fue emitido el 7 de abril de 2025 por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Posteriormente, la decisión adquirió autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, de acuerdo con la documentación entregada por Cury & Cury.
Por otro lado, el caso vuelve a poner sobre la mesa el proceso para ejecutar sentencias económicas contra organismos públicos.
La Ley 86-11 establece que las condenas económicas contra el Estado deben pagarse con cargo al presupuesto de la institución afectada. Si no existen fondos suficientes, deben hacerse las previsiones correspondientes para el siguiente presupuesto.
Asimismo, Hacienda reguló este procedimiento mediante la Resolución 198-2018. La norma establece los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de sentencias firmes.
En este caso, Hacienda fundamentó la remisión directa en la autonomía presupuestaria del Ministerio Público. Esta independencia está reconocida por el artículo 170 de la Constitución y por la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Reclamo podría superar los RD$1.13 millones
Para 2026, el Ministerio Público tiene asignados RD$9,308.3 millones. Esta asignación se produjo después de la transferencia de varias funciones al nuevo Ministerio de Justicia.
Sin embargo, el pago de RD$1.13 millones no necesariamente pondría fin al conflicto. Cury & Cury solicitó que el tribunal actualice el monto por la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde 2020.
La firma sostiene que pagar seis años después la misma cantidad reconocida originalmente reduciría el valor real del crédito. En ese sentido, Julio Cury cuestionó que el paso del tiempo termine favoreciendo a la parte que incumplió.
Además, la sentencia condenó a la PGR al pago de daños y perjuicios. Estos conceptos todavía deben ser liquidados judicialmente. También están pendientes las costas del procedimiento.
Por tanto, los RD$1,132,800 representan el monto principal reconocido, pero no necesariamente el desembolso definitivo.
Finalmente, Cury & Cury presentó el 11 de agosto una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra disposiciones de la Resolución 198-2018.
El expediente fue registrado con el número TC-01-2026-0061. Hasta el momento, no se ha identificado una respuesta pública reciente de la PGR sobre este reclamo específico.
