RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En una respuesta contundente a la escalada de violencia y la inseguridad que asolán a Haití, el país se sumerge en tres días de huelga general, convocada por grupos de transportistas y trabajadores. La protesta, que inicia este lunes y se extenderá hasta el miércoles 31 de enero, es un llamado de urgencia ante la crisis de gobernabilidad que ha prevalecido desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
La Brigada Sindical Anticorrupción (BSAC), encabezada por su coordinador general, Sonson Dumé, lanzó la convocatoria el pasado 25 de enero, expresando su descontento hacia las autoridades actuales por no mostrar la voluntad necesaria para sacar al país de la situación crítica en la que se encuentra. Dumé destacó que los grupos armados que disputan el control del territorio han sumido a Haití en una espiral de violencia, con informes que señalan aproximadamente 5,000 asesinatos en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas.
Durante su exposición, Dumé subrayó la preocupación por el deterioro continuo de la seguridad y la economía, con el aumento de precios de las necesidades básicas y la paralización del transporte de productos agrícolas.
La huelga cuenta con el respaldo de la Central Nacional de Trabajadores Haitianos (CNOHA), que resalta cómo la crisis de seguridad impide la libre circulación de miles de personas debido a los bloqueos de carreteras impuestos por bandas armadas.
Ante esta situación crítica, los convocantes instan a la población a unirse al llamado y, de manera enfática, les exhortan a evitar salir a las calles en vehículos para evitar riesgos. La comunidad internacional también ha respondido, con el Consejo de Seguridad de la ONU aprobando en octubre pasado el envío de una fuerza multinacional liderada por Kenia.
Sin embargo, los obstáculos judiciales en Kenia han detenido temporalmente el despliegue de unos 1,000 agentes de policía destinados a ayudar a Haití a combatir la violencia.
El reciente fallo del Tribunal Superior de Nairobi, que calificó el envío como “inconstitucional, ilegal e inválido”, ha desencadenado la intención del Gobierno de Kenia de apelar la decisión y abrir un nuevo capítulo en esta compleja crisis.
