RDÉ DIGITAL, HONDURAS (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró este miércoles que su gobierno evaluará la permanencia de bases militares estadounidenses en territorio hondureño si el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, cumple con su promesa de implementar deportaciones masivas de migrantes hondureños tras asumir el cargo el próximo 20 de enero.
“Frente a una actitud hostil de expulsión masiva, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar”, afirmó Castro en un mensaje transmitido en cadena nacional. La mandataria agregó que las bases militares “perderían toda la razón de existir en Honduras” en caso de concretarse las medidas migratorias.
Honduras alberga la base militar de Palmerola, ubicada en Comayagua, una instalación estratégica establecida en los años 80 para combatir los movimientos comunistas en la región. Esta base es considerada clave para la presencia militar de Estados Unidos en Centroamérica.
Castro también hizo un llamado a la nueva administración estadounidense para priorizar el diálogo y evitar represalias contra los migrantes. “Esperamos que el presidente Trump sea abierto al diálogo, constructivo y amistoso”, expresó, subrayando el aporte económico de los hondureños en Estados Unidos, que representan más del 25% del PIB hondureño gracias a las remesas enviadas por cerca de dos millones de migrantes, en su mayoría indocumentados.
En paralelo, la presidenta anunció que convocará a una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en conjunto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para abordar la crisis migratoria y buscar soluciones regionales.
El vicecanciller hondureño, Tony García, advirtió que aproximadamente 250,000 hondureños están en riesgo de ser deportados en 2025, cifra que, según él, el país no está preparado para absorber. La situación se agrava con miles de migrantes de otros países también enfrentando deportaciones similares.
Esta postura de Castro se suma a la reciente decisión de cancelar un tratado de extradición con Estados Unidos, vigente desde 1912 y programado para expirar en febrero de 2025, en medio de tensiones políticas históricas entre ambos países.
