RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Desde agosto de 2020 hasta la fecha actual, las compras de combustibles por instituciones públicas superan los 40 mil millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del consumo en un país de tamaño relativamente pequeño, pero con una alta concentración de servicios en la capital.
Durante el año 2023, las instituciones públicas gastaron en promedio más de mil millones de pesos mensuales en combustibles, subrayando la importancia estratégica de esta adquisición para el funcionamiento de la administración pública y sus servicios esenciales.
Sin embargo, este consumo no está exento de críticas. Diversos informes de consulta pública evidenciaron casos específicos donde el uso de combustibles por parte de vehículos oficiales y maquinaria estatal excede los límites razonables.
Estos excesos no solo representan un problema financiero, sino que también contribuyen significativamente a la degradación ambiental, en un contexto donde la falta de políticas claras y estrictas para la regulación del uso de combustibles se ha convertido en un tema de preocupación constante entre los observadores y analistas del sector público.
A pesar de la reciente publicación de una “Guía de buenas prácticas para la contratación eficiente de combustible”, esta normativa se limita exclusivamente a la compra destinada para uso institucional.
No abarca las adquisiciones destinadas a empleados con cargos de alto nivel que reciben beneficios indirectos conforme a lo establecido en los artículos 20 y 22 de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano. Esta limitación evidencia una brecha en la regulación que podría propiciar malas prácticas y un uso ineficiente de recursos públicos en el ámbito del combustible.
Además, la mencionada guía ofrece orientaciones no vinculantes, lo cual contrasta con la cultura arraigada de prácticas poco transparentes que persiste en el manejo de combustibles a nivel gubernamental. A diferencia del sector privado, donde existe un Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), el ámbito público carece de una entidad específica o una normativa clara para la supervisión y regulación efectiva del consumo de este recurso vital.
El proceso de contratación de combustibles en el Estado dominicano presenta desafíos significativos debido a la naturaleza de este commodity, caracterizado por precios estandarizados y la dificultad inherente de medir su consumo exacto cuando se adquiere al granel.
Las modalidades comunes de compra incluyen:
– Combustible al granel: que implica la adquisición de grandes cantidades entregadas y almacenadas en tanques del comprador. Aunque puede resultar más económica debido a descuentos por volumen, requiere una infraestructura adecuada para el almacenamiento y una gestión rigurosa del inventario y la calidad.
– Tickets de combustible: vales o cupones prepagados que son canjeables por una cantidad específica de combustible en estaciones de servicio afiliadas.
Esta modalidad facilita el control del consumo y permite una gestión más eficiente del presupuesto asignado a combustibles, aunque puede ser menos flexible dependiendo de la disponibilidad de estaciones afiliadas.
Sin embargo, la asignación y uso de estos tickets también puede ser objeto de abusos y prácticas poco transparentes, incluyendo su intercambio por dinero efectivo, lo cual representa un riesgo de corrupción.
– Tarjetas de débito de combustible: tarjetas específicamente diseñadas para la compra de combustible, vinculadas a una cuenta institucional con límites y restricciones personalizables.
Esta modalidad ofrece un control detallado y preciso del consumo, reduciendo significativamente el riesgo de fraudes y abusos. Aunque puede conllevar costos administrativos asociados, se considera el método más eficiente y transparente para la adquisición de combustibles en el sector público.
En agosto de 2023, durante la tormenta Franklin que azotó el país, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) realizó una compra adicional de combustible por un total de 35 millones de pesos bajo la modalidad de “emergencia”, amparados en la Ley de Contrataciones Públicas.
Esta modalidad permite agilizar los procesos de compra en situaciones de catástrofes, desastres naturales o amenazas externas, aunque su uso debe ser debidamente justificado y transparente para evitar cualquier percepción de discrecionalidad o mal uso de los recursos públicos.
El hecho de que se haya adquirido una cantidad tan significativa de combustible de forma urgente durante una tormenta, cuando ya se habían licitado 45 millones previamente, plantea serias interrogantes sobre la gestión y la necesidad real de estos recursos en situaciones de crisis.
La falta de transparencia y la percepción de discrecionalidad en torno a esta compra refuerzan la necesidad imperiosa de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la administración pública dominicana. (Datos extraídos del periódico Panorama)
