RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Instituto Oncológico Regional del Cibao enfrenta una deuda cercana a los RD$750 millones con laboratorios farmacéuticos, heredada de la gestión anterior encabezada por el ingeniero Héctor Lora, según informó el presidente del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, Iván Mercader.
Mercader aseguró que la pasada administración también incurrió en un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), principal fuente de ingresos del centro. Explicó que en el hospital funcionaba una oficina dedicada a alterar indicaciones médicas para añadir estudios innecesarios y facturarlos a la aseguradora estatal.
“Se cambiaban órdenes médicas y se agregaban procedimientos que los pacientes de Senasa no necesitaban. Incluso había un médico designado solo para eso”, afirmó Mercader durante una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema.
Control irregular y violación de estatutos
El titular del patronato denunció que la gestión anterior mantuvo un control unipersonal de la institución durante siete años, sin realizar elecciones ni asambleas, en violación directa de los estatutos internos. Además, eliminó los cargos de tesorero y secretario, concentrando todas las decisiones administrativas.
También reveló la expulsión de la rama femenina del patronato con el objetivo de desviar fondos hacia entidades privadas paralelas, entre ellas TócateRD, así como filiales en Montecristi, Dajabón y Tamboril.
Investigación penal en curso
El abogado de la institución, Johan Newton López, describió la estructura de la pasada gestión como una organización cerrada de carácter familiar, donde el exdirector y su entorno controlaban áreas clave. Indicó que la exesposa del expresidente fungía simultáneamente como auditora y vicepresidenta, lo que agravó los conflictos de interés.
Entre las irregularidades figura una triangulación comercial: el oncológico importaba papel libre de impuestos, lo vendía a una empresa privada vinculada al exdirector y luego lo recompraba a precios elevados.
El proceso judicial incluye acusaciones por lavado de activos, abuso de confianza agravado y enriquecimiento injustificado, debido a la adquisición de villas y apartamentos que no guardan relación con los ingresos declarados por los imputados.
Impacto operativo
Mientras avanzan las investigaciones, la defensa de los acusados ha solicitado bloqueos de cuentas del centro, situación que ha dificultado el pago de la nómina de más de 400 empleados, lo que, según la administración actual, busca provocar inestabilidad operativa.
Las autoridades reiteraron que colaboran con el Ministerio Público y aseguran que trabajan para sanear las finanzas, garantizar la continuidad de los servicios oncológicos y proteger a los pacientes del Cibao.
Fuente: El Día
