RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El responsable de la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales de la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Ramón Peña Conce, comunicó que dicho ente ha recibido y trasladado los casos de los cuales han sido encargados.
“Hemos realizado diversas investigaciones y las hemos gestionado adecuadamente”, expresó Peña Conce.
Aunque la unidad ha sido asignada decenas de denuncias por parte de los partidos políticos, hasta el momento no se han divulgado públicamente.
La más reciente denuncia fue presentada por los partidos de la oposición, acusando al Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder, de presuntamente emplear recursos estatales para beneficiar a sus candidatos.
Stalin Alcántara Osser, subresponsable de la Unidad de Sanciones de la JCE, detalló que las infracciones administrativas no estaban contempladas en las leyes anteriores y que comenzaron con la Ley 15-19, anterior ley de Régimen Electoral, y que cuando se modificó (en la 20-23) se mantuvo igual, pero se reformularon los delitos y crímenes electorales.
Osser señaló que a la unidad no le compete sancionar delitos y crímenes, ya que estos son de naturaleza penal y entre ellos se incluye la violencia política contra la mujer.
Según Manuel Ramón Peña Conce, las infracciones se dividen en tres categorías, considerando la sanción. “Aquellas que son sancionadas con multas, es decir que afectan el bolsillo” se clasifican como contravenciones.
Aquellas que acarrean penas de prisión de dos años o menos son delitos y aquellas que implican más de tres años se categorizan como crímenes.
“Esa clasificación tripartita de las infracciones se mantiene en los delitos y crímenes electorales. Lo novedoso en esa clasificación es la sanción administrativa. Todo lo que son crímenes y delitos, la ley creó una Procuraduría General Especializada en la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, que es la entidad a la que hay que canalizar cualquier tipo de reclamos de delitos electorales”, explicó Peña Conce.
Lo que corresponde a la unidad son los temas relacionados con las encuestadoras, la propaganda antes de que inicie la campaña y la violación de límites de gastos; los demás incidentes son crímenes o delitos.
“Aunque se piense que no es serio, hay acciones que la ley castiga severamente, como mostrar el voto. Revelar por quién se votó está penalizado con una pena de hasta un año”, señaló el encargado de la Unidad de Sanciones de la JCE.
Afirmó que el organismo no se opone a recibir ningún tipo de denuncias y que todas son recibidas y dirigidas a quien corresponda.
También es responsabilidad de la unidad investigar el uso indebido de los símbolos nacionales.
Peña Conce explicó que la atribución sobre quién debía conocer los crímenes y delitos electorales con la antigua ley de Régimen Electoral generó “una situación complicada”, ya que se asignaban competencias al Tribunal Superior Electoral (TSE), este emitió una sentencia estableciendo que los tribunales ordinarios eran los competentes y que en la Ley 20-23 se replicó ese principio y se determinó que los crímenes y delitos electorales se trataran en los tribunales del Ministerio Público.
Peña Conce y Alcántara Osser señalaron que la mayoría de las investigaciones las han iniciado “por iniciativa propia”, enterándose “por las redes o cualquier otro medio”.
“Hemos realizado investigaciones y no siempre es necesario que haya una denuncia”, indicó Peña Conce.
Respecto a la compra de cédulas de identidad electoral, los representantes de la unidad mencionaron que este es un delito tipificado en la legislación y se castiga con penas de 1 a 3 años de cárcel.
Las declaraciones de los responsables de la Unidad de Sanciones de la JCE fueron dadas a conocer en el Podcast del órgano electoral.
