RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – Un juez federal en Rhode Island anuló las políticas migratorias que mantenían suspendidos procesos de asilo y otros beneficios para ciudadanos de 39 países. La decisión afecta medidas impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump.
El fallo establece que las acciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) fueron ilegales. Además, ordenará reanudar la tramitación de solicitudes migratorias.
Juez califica las medidas como “arbitrarias y caprichosas”
El juez John McConnell Jr. concluyó que las políticas carecían de base legal suficiente. También señaló que las decisiones fueron “arbitrarias y caprichosas”.
Según el fallo, las medidas dejaron a millas de migrantes en un limbo legal. Por lo tanto, afectarán las solicitudes de asilo, residencia, ciudadanía y permisos de trabajo.
Políticas afectarán a ciudadanos de 39 países
Las restricciones impactaron principalmente a personas de África, Asia, América Latina y Medio Oriente. Entre los países mencionados figuran Cuba, Venezuela y Haití.
El tribunal determinará que las medidas se aplicarán por país de origen. Sin embargo, no se basaron en conductas individuales, lo que el juez demostró discriminatorio.
Argumentos de seguridad nacional fueron cuestionados
El fallo también rechazó los argumentos de seguridad nacional presentados por la administración. Según el juez, estos fueron utilizados como justificación sin sustento suficiente.
Además, indicó que las decisiones reflejaban criterios incompatibles con la ley migratoria federal. En consecuencia, concluyó que USCIS excedió su autoridad.
Reacciones y orden de reactivación de procesos
Organizaciones de defensa de inmigrantes celebran la decisión judicial. Entre ellas, Democracy Forward, que fue parte de la demanda.
El tribunal ordena a USCIS reanudar la tramitación de solicitudes suspendidas. Sin embargo, se espera que el gobierno evalúe una posible apelación.
El fallo representa un giro relevante en la política migratoria aplicada a ciudadanos de 39 países. A partir de ahora, el proceso judicial en instancias superiores definirá el alcance final de la decisión y su impacto en los sistemas de asilo y beneficios migratorios en Estados Unidos.
