RDÉ DIGITAL,WASHINGTON.– Este jueves, un juez federal en Seattle escuchará los primeros argumentos de una demanda presentada por varios estados para frenar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca eliminar la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres.
El juez John Coughenour programó la sesión para considerar la solicitud de Arizona, Illinois, Oregon y Washington, en uno de los cinco juicios iniciados por 22 estados y varios grupos defensores de los inmigrantes a nivel nacional. Las demandas incluyen testimonios de fiscales que son ciudadanos estadounidenses por derecho de nacimiento, así como relatos de mujeres embarazadas preocupadas por la ciudadanía de sus hijos.
La orden ejecutiva firmada por Trump el día de su juramentación está programada para entrar en vigor el 19 de febrero. Según una de las demandas, la medida podría afectar a miles de personas nacidas en el país. En 2022, alrededor de 255,000 niños nacieron en EE. UU. de madres que vivían ilegalmente en el país, mientras que unos 153,000 nacieron de padres en la misma situación, de acuerdo con la demanda presentada por los cuatro estados.
Estados Unidos es uno de los pocos países, aproximadamente 30 en total, que aplica el principio de jus soli o “derecho del suelo”, que otorga la ciudadanía a los nacidos en su territorio. La mayoría de estos países se encuentran en América, incluyendo a Canadá y México.
Las demandas defienden que la 14.ª Enmienda de la Constitución garantiza la ciudadanía a las personas nacidas o naturalizadas en EE. UU. y ha sido interpretada de esa manera por los estados durante más de un siglo. Ratificada en 1868, la enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
La orden de Trump sostiene que los hijos de no estadounidenses no están sujetos a la jurisdicción de EE. UU., y ordena a las agencias federales que no reconozcan la ciudadanía para los niños cuyo padre no sea ciudadano.
Un caso clave en este contexto fue el de Wong Kim Ark en 1898, en el que la Corte Suprema sostuvo que, aunque sus padres eran inmigrantes chinos, Wong, nacido en San Francisco, era ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento. Sin embargo, algunos defensores de las restricciones migratorias han señalado que este caso solo aplicaba a niños nacidos de padres con estatus legal en EE. UU., lo que deja en duda su aplicabilidad para hijos de inmigrantes indocumentados.
La orden de Trump ha impulsado a fiscales generales de varios estados a compartir sus experiencias personales sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. William Tong, fiscal general de Connecticut y el primer chino-estadounidense en ocupar ese cargo, expresó que la demanda es personal para él: “No hay un debate legal legítimo sobre esta cuestión, pero el daño que puede causar a familias estadounidenses como la mía es grave”.
Una de las demandas también incluye el caso de “Carmen”, una mujer embarazada que ha vivido más de 15 años en EE. UU. y cuya solicitud de visa está pendiente. Carmen teme que sus hijos, nacidos en el país, no obtengan la ciudadanía si se implementa la orden.
La demanda argumenta que despojar a los niños de su “tesoro invaluable” de la ciudadanía representa una grave injusticia al negarles la plena membresía en la sociedad estadounidense a la que tienen derecho.
