RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, manifestó su preocupación por ciertas disposiciones del nuevo Código Penal que actualmente se encuentra en fase de aprobación en el Congreso Nacional.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el magistrado advirtió que algunas de las penas mínimas propuestas en el proyecto son excesivamente elevadas, con sanciones que comienzan en 10 años y pueden llegar hasta 20 años para ciertos delitos.
Según Vargas, este enfoque podría limitar de manera considerable la discrecionalidad judicial, al no permitir que los jueces ajusten las penas de acuerdo con el grado de responsabilidad de los acusados.
El magistrado explicó que, en algunos casos, personas con una participación secundaria o menor en un crimen podrían enfrentarse a condenas desproporcionadas, lo que afectaría el principio de justicia.
Llamado a la flexibilidad judicial en Código Penal
En su mensaje, Vargas hizo un llamado directo a los legisladores para que reconsideren este aspecto del proyecto y otorguen mayor flexibilidad a los jueces para que puedan dictar sentencias proporcionales al contexto de cada caso.
Además, etiquetó a los perfiles oficiales del Senado, la Cámara de Diputados, y a los congresistas Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, instándolos a revisar el texto antes de su aprobación final.
No cuestiona los límites máximos de las penas
El magistrado aclaró que no está cuestionando los límites máximos de las penas, sino que su preocupación radica en las penas mínimas obligatorias, que considera demasiado rígidas.
En su opinión, los jueces deben tener un mayor margen de maniobra para poder imponer castigos justos que tomen en cuenta las particularidades de cada situación.
El debate sobre el nuevo Código Penal continúa siendo un tema central en el ámbito legislativo, y la intervención de Vargas añade una nueva dimensión a las discusiones en torno a la reforma del sistema penal en el país.
La opinión del juez resalta la importancia de mantener un equilibrio entre la severidad de las penas y la equidad en la aplicación de la justicia.
