RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- Una jueza federal del Distrito de Columbia ha bloqueado temporalmente un mandato impulsado por el presidente Donald Trump que requería a los ciudadanos estadounidenses presentar pasaporte u otro documento oficial que pruebe su ciudadanía al registrarse para votar mediante el formulario federal.
La jueza Colleen Kollar-Kotelly falló a favor de una coalición de organizaciones civiles que impugnaron la orden ejecutiva, al considerarla inconstitucional y una extralimitación del poder ejecutivo que socava la autoridad del Congreso y los estados para regular los procesos electorales.
En su dictamen, la magistrada sostuvo que la Constitución otorga al Congreso y a los estados, y no al presidente, la responsabilidad de organizar las elecciones federales.
También mencionó que actualmente hay una ley en debate en el Congreso sobre este mismo asunto, y subrayó que ninguna legislación vigente faculta al Ejecutivo a imponer unilateralmente estos requisitos.
La orden, emitida el mes pasado por Trump, también proponía rechazar boletas electorales enviadas por correo si son recibidas después del día de las elecciones, una medida que afectaría a varios estados, incluyendo California, donde se permite contabilizar votos por correo hasta siete días después del cierre de los comicios.
Además, requería reformas a los sistemas de votación y normas de seguridad bajo amenaza de recortes presupuestarios si no se cumplían las disposiciones.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, denunció que estas medidas podrían excluir a millones de votantes elegibles, especialmente a personas de bajos ingresos y comunidades minoritarias.
“El tribunal bloqueó hoy una estrategia clave de este ataque. Y seguiremos luchando para garantizar que todos los votantes elegibles puedan hacer oír su voz sin interferencias ni intimidación”, señaló Sophia Lin Lakin, directora del Proyecto de Derechos del Voto en ACLU.
La decisión representa un revés para la campaña de reformas electorales que el presidente Trump ha promovido tras reiteradas —y no comprobadas— acusaciones de fraude en las elecciones de 2020. El caso continuará en los tribunales mientras se debaten posibles cambios legislativos en el Congreso.
