RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (EFE).- El procesamiento penal de delitos de inmigración experimentó un incremento del 65 % durante la administración del presidente Joe Biden, con un enfoque particular en condenas de cárcel para migrantes que reingresan a Estados Unidos después de ser expulsados. Así lo revela un informe publicado este martes por la Universidad de Syracuse.
Según el análisis de la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un grupo de investigadores de la Universidad de Syracuse, las acusaciones mensuales emitidas por el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) han aumentado de menos de 1,500 en enero de 2021 a casi 3,000 en marzo de 2024.
Aunque ha habido fluctuaciones a la baja en algunos meses, las cifras recientes -de febrero a abril de 2024- muestran un aumento del 21 % en las acusaciones por delitos relacionados con la inmigración en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El informe advierte que estos aumentos “pueden continuar” debido al anuncio del DOJ en mayo pasado sobre el incremento de esfuerzos para procesar los delitos relacionados con la inmigración a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Las acusaciones en las cortes se han registrado en tres categorías principales: ingreso ilegal a EE. UU., reingreso después de una expulsión o deportación, y acusaciones por ayudar a sabiendas a un extranjero a ingresar o permanecer ilegalmente en el país.
Se registró un aumento significativo en los procesos penales contra inmigrantes que reingresan al país de forma irregular tras deportaciones o expulsiones. Los investigadores notaron un incremento del 57 % en los primeros tres meses de la Administración Biden (febrero-abril de 2021) en comparación con el mismo período en 2024 (febrero-abril).
Estos delitos han representado consistentemente la mayor proporción de todos los procesos penales de inmigración, ahora representando alrededor de dos tercios de los casos.
La mayoría de las acusaciones federales por delitos de inmigración se concentran en los cinco distritos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El Distrito Oeste de Texas, que incluye las ciudades de El Paso y San Antonio, ha sido el que más ha contribuido al reciente aumento en la presentación de estos delitos menores, seguido por Arizona.
