RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Legisladores de diversas bancadas políticas reaccionaron este miércoles al llamado de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el cual insta a los nuevos congresistas que son empresarios y que resultaron electos en los recientes comicios a solicitar voluntariamente la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Al respecto, algunos parlamentarios señalaron que esto es algo establecido en la ley y que simplemente debe cumplirse, mientras otros opinaron que es necesario encontrar una solución para aquellos que poseen empresas y que proporcionan servicios y beneficios a la sociedad.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sócrates Pérez, indicó que no se trata de una decisión voluntaria, ya que está contemplado en la Ley 340-06.
«Cuando fui electo, a los pocos días recibí una comunicación que me retiraba como proveedor del Estado de la empresa que tengo», destacó Pérez.
Por su parte, la diputada del PLD, Rudy Méndez, criticó al director de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmando que él no tiene la autoridad moral para hacer dicha exhortación.
«El primer charlatán y bandido es él. Era un tipo de la Marcha Verde que se suponía era muy moralista y quería el bienestar del país. Eso hicieron creer, pero lo que realmente querían era una posición política para obtener lo que les interesa», declaró la legisladora.
Mientras tanto, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, expresó que debe encontrarse una solución para aquellos que poseen empresas y que brindan servicios y beneficios a la sociedad desde antes de ocupar un cargo electivo.
«Es un tema complejo. Habría que ver hasta qué punto yo, que tengo una empresa dedicada a la venta de pollo y que el Estado me compra para los comedores económicos, ahora por ser legislador, deje de vender. Eso hay que revisarlo», añadió el representante de la provincia La Romana.
Compras y Contrataciones precisó que, según lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 340-06, los diputados y senadores no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suministrar bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
