RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reveló este lunes que la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de la que recientemente el presidente Luis Abinader dijo que “no se involucró en lo más mínimo”, en realidad quien la envió para su aprobación al Senado de la República.
“En el 2021, el actual gobierno del PRM introdujo su proyecto de creación de una Dirección Nacional de Inteligencia en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones, que había sido creado por la Ley 857 del 1978” indicó el expresidente de la República Dominicana, en un articulo donde desmiente al actual mandatario y candidato a la reelección.
Asímismo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ofreció una rueda de prensa, desde el Palacio Nacional el 22 de junio del año 2021, en la que informaba al país que el día anterior, el 21 de junio 2021, Abinader había remitió al Senado de la República, un proyecto de ley con el que buscaba adecuar el marco normativo del Sistema Nacional de Inteligencia.
En el articulo titulado: “La Ley 1-24: Un grave retroceso de la democracia”, Fernández esclarece que, existían varios proyectos de ley tendiente a crear un sistema nacional de inteligencia, debatiéndose en las cámaras legislativas durante los últimos 14 años, por lo que considera desacertados los pronunciamientos de Abinader, cuando califica como “politiqueras e hipócritas” las críticas de la oposición a la pieza legislativa.
Leonel Fernández explicó que el proyecto de ley del gobierno del 2021 expiró en la legislatura y, en el 2022 se recibió el proyecto del senador perremeísta por la provincia Peravia, Milcíades Franjul. En septiembre del año siguiente, 2023, la Cámara de Diputados envió a Comisión el proyecto sometido por dos legisladores del mismo partido.
El líder de la oposición política dominicana explicó, además, que “los tres proyectos propiciados por el gobierno fueron fusionados, discutidos en las comisiones de ambas cámaras y aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados, dando lugar a la promulgación, por parte del Poder Ejecutivo, de la Ley 1-24, actualmente objeto de rechazo unánime en la opinión pública nacional”.
Fernández asegura que la Ley 1-24, es inconstitucional, pues otorga al DNI funciones que la Constitución concede a otros órganos del Estado.
De acuerdo con Fernández, uno de los temas que más ira ha generado en la sociedad es lo relativo a la necesidad de obtener la orden de un juez como condición para la entrega de informaciones a la DNI, punto que se había recalcado e incluido desde la primera versión del proyecto en el 2010.
“Al someterse la modificación al referido artículo en plena sesión y en medio de los debates, los legisladores no tuvieron la oportunidad de constatar que los cambios que se introducían eliminarían la orden judicial como obligatoria para la entrega de información”, dijo Fernández.
