RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Con la entrada en vigor de la Ley 98-25, los establecimientos comerciales de la República Dominicana tienen 12 meses para dejar de entregar fundas plásticas de un solo uso de manera gratuita, una medida que busca reducir la contaminación ambiental y transformar el manejo de residuos en el país. La prohibición total comenzará a aplicarse a partir del 15 de diciembre de 2026, según lo establecido en la normativa promulgada por el presidente Luis Abinader.
Obligaciones durante el período de transición
Durante este año de adaptación, la ley ordena a las empresas:
- Desarrollar campañas de orientación al consumidor.
- Sustituir las fundas plásticas por bolsas reutilizables o reciclables.
- Reducir de forma progresiva el consumo de plásticos de un solo uso.
El objetivo central es disminuir la acumulación de desechos, mejorar la limpieza urbana y dinamizar la economía del reciclaje.
Cambios frente a la ley anterior
Antes de esta modificación, la prohibición debía entrar en vigor en octubre de 2025, conforme al artículo 172 de la Ley 225-20, promulgada en 2020. Sin embargo, el Congreso aplazó esa fecha tras someter la pieza a revisión desde julio de 2025.
Plazos clave para el Estado y los municipios
La Ley 98-25 también fija compromisos institucionales:
- 60 días para que el Ministerio de Medio Ambiente presente la versión digital del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos (Plangir).
- 12 meses para que alcaldías y juntas municipales sometan sus planes locales al ministerio.
Además, desde el 1 de enero de 2026 quedó prohibida la comercialización de:
- Pajillas o sorbetes plásticos.
- Cubiertos de un solo uso.
- Productos de poliestireno (foam) sin certificación de biodegradabilidad.
Financiamiento y cierre de vertederos
A partir de este año, los gobiernos locales reciben 20 pesos mensuales por habitante para el manejo de residuos. Las demarcaciones con 5,000 habitantes o menos cuentan con una asignación mínima de 100,000 pesos mensuales.
Otros plazos relevantes incluyen:
- 24 meses para que productores sustituyan platos y bandejas de foam.
- 36 meses para implementar programas de separación y recolección de residuos.
- 48 meses para cerrar todos los vertederos a cielo abierto del país.
Sanciones y reacciones empresariales
La ley contempla sanciones severas. En casos extremos, las infracciones pueden acarrear multas de hasta tres mil salarios mínimos o la inhabilitación de operaciones por dos años.
Tras la promulgación, gremios empresariales expresaron preocupación por el impacto económico de la normativa y solicitaron mayor consenso en su aplicación. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la medida resulta clave para enfrentar la crisis ambiental del plástico en el país.
