RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Director General de Migración, Venancio Alcántara, subrayó la urgencia de reformar la ley para endurecer las sanciones contra los haitianos que reincidan en cruzar la frontera terrestre de manera irregular. Durante un recorrido por el Centro de Interdicción de Extranjeros en Haina, Alcántara destacó que el sistema biométrico de la institución permite identificar a los detenidos con antecedentes de cruces irregulares. No obstante, la única medida que pueden tomar es la deportación, sin la posibilidad de imponer sanciones adicionales.
“Esto no está tipificado como un delito penal. Con el sistema de biometría, podemos identificar a los reincidentes. Aunque normalmente los detenemos por unos días, al final debemos deportarlos”, explicó Alcántara.
El Director de Migración insistió en la necesidad de fortalecer la Ley General de Migración para establecer mecanismos que permitan sancionar de manera efectiva a los reincidentes. Según Alcántara, aunque la ley ya contempla sanciones, los organismos judiciales frecuentemente no aplican castigos ejemplares.
“La ley establece las sanciones, pero a veces los organismos judiciales no aplican castigos adecuados”, afirmó Alcántara.
Alcántara también criticó la falta de sanciones severas impuestas por los organismos judiciales a quienes trafican personas a través de la frontera. Relató un incidente reciente en Los Pilones de Azua, donde un chofer detenido por tráfico de personas fue liberado sin sanciones por un juez.
“En Los Pilones de Azua, un grupo trafica con haitianos por los montes”. Capturamos a un chofer con el vehículo, lo llevamos a la fiscalía, y el juez lo despachó sin consecuencias”, lamentó Alcántara.
El Director General de Migración sugirió que la Dirección de Migración debe asumir una mayor responsabilidad en la ejecución de sanciones relacionadas con el tráfico de personas. Propuso que los vehículos incautados durante estas operaciones se utilicen en beneficio del pueblo dominicano.
“No es la primera vez que solicito un mayor apoyo de las autoridades judiciales. En junio mencioné que la Dirección General de Migración no recibe apoyo del Ministerio Público para detener a indocumentados en sus residencias”, concluyó Alcántara.
