RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que se encuentra desarrollando una herramienta de inteligencia artificial (IA) con el objetivo de fortalecer las capacidades investigativas y administrativas del Ministerio Público en todo el país.
La información fue ofrecida por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien explicó que el proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo y busca modernizar tecnológicamente la gestión de justicia penal.
“Estamos desarrollando una versión beta de inteligencia artificial para crear perfiles criminales, realizar análisis criminales y mejorar la gestión de las fiscalías a nivel nacional”, declaró Reynoso durante su participación en el espacio Panel de los Expertos del periódico Listín Diario.
El desarrollo del sistema cuenta con la colaboración de la Fiscalía General de Chile y el apoyo técnico del Programa de Cooperación de la Unión Europea.
Además, la iniciativa involucra a estudiantes del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), quienes participan activamente en el diseño y programación del modelo.
Según Reynoso, el objetivo es hacer más eficiente la persecución penal mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan identificar patrones delictivos, mejorar la toma de decisiones y optimizar el uso de recursos en el sistema de justicia.
Herramienta requiere actualización legal
Para que la herramienta pueda operar plenamente, Reynoso señaló que se necesitará la aprobación o actualización de al menos 15 piezas legislativas.
Entre ellas mencionó el Código Penal, la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, y la Ley Antisecuestro.
“Estamos trabajando en una transformación integral que requiere un marco normativo actualizado para garantizar un uso responsable, eficiente y legal de la inteligencia artificial en el ámbito judicial”, indicó.
Uno de los objetivos operativos del sistema será contribuir a una mejor clasificación y separación de los privados de libertad, distinguiendo entre personas con medidas de coerción y condenados, así como entre delitos graves y menores.
Este esfuerzo forma parte de un plan más amplio para modernizar el sistema de justicia penal y adaptarlo a los desafíos tecnológicos y sociales del presente.
La implementación plena del proyecto dependerá de la aprobación legislativa y del cumplimiento de estándares éticos y legales en el uso de tecnologías emergentes.
