RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El pago a contratistas del Estado dependerá de la disponibilidad presupuestaria, según el protocolo elaborado por la comisión interinstitucional creada mediante la Ley 16-26. La medida busca regular el reconocimiento de deudas por obras ejecutadas con o sin contrato formal. Además, el proceso beneficiará a 856 contratistas con reclamaciones pendientes.
El documento establece que cada expediente será revisado antes de autorizar un desembolso. Asimismo, precisa que el pago solo se realizará cuando existan recursos disponibles. De lo contrario, las obligaciones serán programadas para el siguiente ejercicio fiscal.
La comisión está encabezada por el Ministerio de Hacienda y Economía. Además, verificará la documentación presentada por cada reclamante. Posteriormente, validará las obligaciones que cumplan con los requisitos establecidos.
Pago a contratistas del Estado seguirá un protocolo
Cuando no existan recursos suficientes, las deudas se incluirán en el próximo Presupuesto General del Estado. Por consiguiente, las partidas serán incorporadas al proyecto de ley correspondiente para garantizar su financiamiento.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Economía adoptará las medidas presupuestarias y financieras necesarias. Los recursos se administrarán con cargo a las Obligaciones del Tesoro. De igual forma, la Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa coordinará la programación de los pagos.
Antes de recibir el dinero, cada contratista deberá presentar un documento de descargo y finiquito legal. Además, tendrá que renunciar a futuras reclamaciones por intereses, daños, perjuicios, honorarios o penalidades relacionadas con la deuda reconocida.
Más de 800 contratistas serán beneficiados
La Ley 16-26 autoriza el reconocimiento de deudas reclamadas por 856 contratistas del Estado. Algunos mantienen expedientes vinculados a varias obras ejecutadas o aún en desarrollo. Entre ellas figuran carreteras, caminos vecinales, calles, puentes, escuelas y hospitales.
Finalmente, las autoridades consideran que el protocolo permitirá organizar el proceso de pago. De esta manera, buscan ofrecer mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los contratistas. Al mismo tiempo, esperan resolver las reclamaciones acumuladas mediante un mecanismo transparente y ordenado.
