RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por las consecuencias de la política migratoria del Estado dominicano, tras el fallecimiento de Lourdia Jean Pierre, una mujer haitiana de 32 años que, según su esposo, evitó acudir a un hospital por temor a ser deportada. La parturienta murió en su residencia en El Seibo, dejando en la orfandad a cuatro hijos.
Leidy Blanco, coordinadora nacional de Participación Ciudadana, calificó la política migratoria como “represiva y populista”, y denunció que se están vulnerando derechos fundamentales, incluso los establecidos en la propia Ley General de Migración y su reglamento.
Blanco citó el artículo 134 del Decreto 631-11, que establece la detención como una medida excepcional para mujeres embarazadas, menores y envejecientes, y sostuvo que en la práctica ocurre lo contrario.
La ONG Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), con sede en Haití, también denunció que muchas personas evitan acudir a centros de salud por miedo a ser detenidas y expulsadas.
Katia Bonté, coordinadora de GARR, señaló que la presencia de agentes migratorios en hospitales ha generado una “persecución” hacia mujeres embarazadas y vulnera el protocolo bilateral sobre repatriaciones.
Actualmente, el gobierno dominicano mantiene medidas estrictas en su lucha contra la migración irregular, incluyendo la militarización de hospitales y la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes.
Para sectores críticos, estos enfoques comprometen el derecho a la salud y a la vida de poblaciones vulnerables, al generar un clima de temor que disuade incluso de buscar atención médica.
