RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Movimiento Socio Cultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (Mosctha) solicitó el reconocimiento definitivo de la nacionalidad para todos los nacidos en la República Dominicana antes de 2010, como un derecho constitucional.
El llamado de Mosctha surge en el contexto de un nuevo aniversario de la sentencia número 168-13, emitida el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional (TC). Esta sentencia retiró la nacionalidad a miles de personas, argumentando que los nacidos en el país entre 1929 y 2010 eran hijos de «extranjeros en tránsito».
La mayoría de los afectados son descendientes de trabajadores haitianos que fueron traídos al país por gestiones del propio presidente del TC, Milton Ray Guevara, para trabajar en los ingenios azucareros.
El jus solis y la pérdida de derechos
Antes de la reforma constitucional de 2010, el sistema de jus solis permitía que cualquier persona nacida en territorio dominicano obtuviera la nacionalidad, salvo los hijos de diplomáticos o extranjeros en tránsito.
Joseph Cherubín, coordinador de Mosctha, explicó que el desconocimiento de este principio ha generado una gran cantidad de personas apátridas, es decir, sin ningún reconocimiento de ciudadanía por parte de algún país.
Cherubín señaló que la marginación de estas personas ha llevado a la creación de zonas de exclusión social, donde la falta de nacionalidad limita su acceso a derechos básicos como educación, salud, trabajo, y participación cívica.
Mosctha también criticó la propuesta de solicitar permisos de residencia para los hijos de extranjeros nacidos en el país, calificándola como una mala iniciativa. En su lugar, la organización aboga por la correcta aplicación de la Ley 169-14 y el decreto 250-14, para resolver el problema sin violar la Constitución vigente al momento del nacimiento de los afectados.
El debate sobre la nacionalidad y la apatridia
La situación de los hijos de inmigrantes haitianos ha sido un tema central en el debate sobre la sentencia 168-13. La República Dominicana ha enfrentado históricamente tensiones relacionadas con la migración haitiana, exacerbadas por la frontera compartida entre ambos países y la migración irregular.
Según la Constitución de 2010, solo los hijos de padres dominicanos o de residentes legales permanentes tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Esto ha provocado una situación compleja para miles de personas de ascendencia haitiana que nacieron en el país antes de la modificación constitucional.
A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, y que nadie puede ser despojado arbitrariamente de ella. Mosctha y otras organizaciones insisten en que la aplicación de la sentencia 168-13 contradice este principio, y que su efecto ha sido la creación de un grupo vulnerable de personas sin patria.
El caso de la apatridia en el país ha sido objeto de crítica internacional, pero el país también enfrenta presiones internas y externas. Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) han señalado que la migración haitiana, en muchos casos irregular, es utilizada como una forma de aliviar la crisis política y económica en Haití.
La presión extranjera, especialmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, busca evitar la emigración haitiana hacia sus territorios, lo que ha generado tensión en la isla.
